El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas consideró que la captura del expresidente peruano Pedro Castillo fue “arbitraria”, por lo que debería ser puesto “inmediatamente en libertad” y recibir una indemnización. Castillo cumple una condena de once años y cuatro meses de prisión por su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
Dictamen de la ONU y fundamentos legales
En un dictamen publicado con fecha del 4 de junio, pero que trascendió esta semana en medios peruanos, el grupo señaló que la detención de Castillo contravino artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo concluyó que la privación de libertad del exmandatario careció de base legal y cuestionó las circunstancias de su detención, la falta de una justificación individualizada para mantenerlo en prisión preventiva y la ausencia de garantías de un juicio justo.
El organismo consideró que “el remedio adecuado” sería poner a Castillo “inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. También instó al Gobierno peruano a realizar una investigación independiente sobre las circunstancias de la detención y a adoptar medidas contra los responsables de la violación de sus derechos, solicitando información sobre las medidas de seguimiento en un plazo de seis meses.
Antecedentes del caso y situación judicial
Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022 tras su fallido intento de golpe de Estado. Fue juzgado hasta el 27 de noviembre de 2025, cuando un tribunal le impuso una condena de 11 años y 4 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Desde entonces, su defensa ha presentado seis pedidos de indulto, todos rechazados bajo el argumento de que el proceso sigue en marcha debido a una apelación ante tribunales superiores.
El martes, el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, insistió en que debe existir un sustento jurídico constitucional para otorgar una gracia presidencial, aunque agregó que esperará “a ver lo que pide o no el expresidente”. El ministro de Justicia, Luis Jiménez, informó que el pasado 25 de junio ingresó “una solicitud de gracia presidencial, que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales”, y que “seguramente, muy pronto, ya tendrá una respuesta del ministerio”.
Reacción de Castillo y declaraciones oficiales
En un mensaje publicado en la red social X, cuya cuenta es administrada por otras personas, Castillo hizo un “llamado enérgico” y exhortó a todos los organismos peruanos e internacionales de protección de los derechos humanos a “acatar de inmediato” e implementar lo dispuesto por la ONU. “Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”, señaló.
Castillo afirmó que el dictamen es “un hito trascendental en la lucha por la justicia ante el colapso del sistema democrático en nuestro país”. Recordó que la opinión de este grupo confirma que su encarcelamiento “nunca tuvo justificación y que se llevó a cabo vulnerando normas fundamentales del constitucionalismo, el debido proceso y los acuerdos internacionales”.
Frente a esto, el presidente interino José María Balcázar comentó que la opinión del grupo de la ONU “modifica el escenario jurídico” para otorgarle un eventual indulto. Dijo que esperará una petición de los abogados de Castillo, que “tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo”. El gobernante sostuvo que el informe puede fortalecer el sustento de una nueva solicitud de indulto, que deberá ser evaluada primero por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
