Este domingo, los colombianos elegirán entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como próximo presidente. El ganador deberá enfrentar los múltiples conflictos socioambientales de la Amazonia, la región con más disputas de este tipo en el mundo, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Un informe de mediados de 2025 revela que al menos 17 grupos armados ilegales operan en el 69% de los municipios de la Amazonia noroccidental, que abarca zonas de Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Entre ellos se encuentran el Comando Vermelho, el Primer Comando Capital (PCC), el ELN y el Estado Mayor Central (EMC). La FCDS señala que el crimen organizado es el principal acelerador del punto de no retorno en el bioma.
Minería ilegal: un flagelo que financia el conflicto
La minería ilegal, a menudo vinculada con economías ilícitas, financia a estos grupos. La Procuraduría General de la Nación estimó en su informe de finales de 2024 que el 85% del oro exportado por Colombia tiene origen ilegal, y el 70% proviene de actividades de grupos al margen de la ley.
Iván Cepeda parte de la premisa de que el modelo minero actual es extractivista, exportando materias primas sin valor agregado y dependiendo de precios internacionales, sin construir industria pública ni privada. Considera que la minería no se ha ordenado bajo parámetros ambientales ni sociales, afectando áreas protegidas y vulnerando la consulta previa. Su plan de gobierno propone una inteligencia ambiental para detectar en tiempo real la minería ilegal, proteger el agua y la selva, y reorientar las capacidades de la Fuerza Pública, especialmente la infantería de marina, para que los ríos “dejen de ser carreteras del crimen”.
Cepeda buscará aprobar una nueva ley minera que modifique la regulación de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos. Su objetivo es impulsar la industrialización del sector, fortalecer la participación ciudadana, diversificar opciones productivas e implementar mecanismos de reversión o terminación de contratos mineros que lo ameriten. En síntesis, busca transformar y superar progresivamente el modelo extractivo y continuar la transición energética justa del gobierno Petro.
De la Espriella: incentivar el sector minero-energético
Por su parte, Abelardo de la Espriella sostiene que la minería y la explotación de hidrocarburos son clave para la seguridad energética, competitividad, empleo, estabilidad fiscal e inversión regional. Su plan de gobierno afirma que el sector no puede “seguir tratando con prejuicios ideológicos ni improvisación”.
De la Espriella propone una ley contra la extracción ilícita de minerales y la creación de un área especial de control territorial, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico en zonas críticas como Bajo Cauca, La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño. En sus primeros 100 días, implementará un plan de choque contra la minería ilegal en ríos críticos. Su plan ambiental ABC incluye una ofensiva contra la minería ilegal en cauces, control de maquinaria, inteligencia financiera contra las cadenas de oro ilícito, trazabilidad obligatoria del mineral, cooperación internacional contra el lavado de activos y restauración de riberas degradadas con comunidades afectadas. Al igual que Cepeda, plantea monitorear territorios con una plataforma de alertas de minería ilegal.
El desafío de monitorear y actuar
Pablo Palacios-Rodríguez, PhD en Biología y profesor de la Universidad Javeriana, destaca que Colombia tiene capacidades tecnológicas para monitorear cambios en cobertura forestal y actividades ilegales mediante imágenes satelitales e inteligencia artificial. Sin embargo, subraya que el monitoreo no resuelve el problema por sí solo. “El verdadero desafío es cerrar la brecha entre detectar y actuar. Una alerta temprana solo es útil si tenemos una arquitectura institucional clara que define quién responde, en cuánto tiempo, con qué capacidades y bajo qué criterios. Además, debe apoyarse de información territorial, de la mano de las comunidades”.
Palacios-Rodríguez resalta que la discusión es compleja: “El próximo gobierno no debe escoger entre extractivismo y conservación porque eso es una práctica muy simplificada. Se debe construir una hoja de ruta técnicamente sólida para administrar la transición y definir actividades compatibles con los límites ecológicos de un país megadiverso”.
Matices y preocupaciones
María Isabel Sierra, geóloga y profesora de la Universidad de los Andes, aboga por matices en ecosistemas estratégicos. No es partidaria de negar totalmente el extractivismo, como lo ha buscado el Ministerio de Ambiente en la Amazonia. “Si hablamos de una prohibición total en un territorio tan amplio, eso va a generar lo que ha sucedido en este gobierno, que aumentó la minería ilegal”.
Sierra expresa preocupación por la posible reducción del 40% del Estado propuesta por De la Espriella, que podría afectar a entidades ambientales. De la Espriella ha dicho que las corporaciones autónomas regionales son corruptas y que las licencias ambientales y consultas previas se han “instrumentalizado para bloquear proyectos”. Sierra considera clave blindar las entidades ambientales si se aumenta la exploración: “La ANLA, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales tienen que crecer”. Le preocupa que se recorte el personal que hace veeduría y estudios de impacto ambiental.
En contraste, Sierra ve una oportunidad en la propuesta de trazabilidad del oro, algo en lo que ya trabaja el Servicio Geológico Colombiano (SGC) con una huella digital del mineral. Considera que esta apuesta debe fortalecerse.
El punto en común: formalizar la minería tradicional
Ambos candidatos coinciden en distinguir la minería tradicional de la ilegal y formalizarla. Palacios-Rodríguez considera que ese sería uno de los grandes logros del próximo gobierno. “No toda minería es igual. Existen comunidades que han generado prácticas mineras tradicionales durante generaciones. Equipararlas con estructuras criminales es un error”.
El profesor afirma que la diferenciación debe hacerse con criterios técnicos claros, considerando escala de producción, uso de maquinaria, organización comunitaria e historia de permanencia. “El reto es construir rutas de formalización realistas para quienes quieran hacer las cosas bien, y aumentar la capacidad del Estado para desmantelar estructuras criminales que se disfrazan de informales”.
De la Espriella detalla plazos para la formalización: primeros 6 meses, ventana de formalización acelerada con incentivos; meses 7 a 18, período de amnistía con cánones más altos; después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado operador de extracción ilícita. Sierra encuentra problemático este enfoque: “Hablamos de contextos sociales complejos, de comunidades muy arraigadas a esta minería, como pueblos indígenas en Chocó. Se establecen plazos pero no se especifica cómo será el proceso de formalización”. Agrega que llegar a los territorios solo con fuerza pública no da buen resultado. Palacios coincide en que las respuestas coercitivas tienen efectos limitados sin transformaciones de fondo. Se requiere una estrategia integral con cuatro pilares: presencia efectiva del Estado, ataque a finanzas criminales, alternativas económicas viables y fortalecimiento de justicia y cooperación internacional.
