Colombia cuenta hoy con aproximadamente 8,2 millones de personas mayores de 60 años. Según proyecciones del DANE, para 2050 esta cifra alcanzará los 14,9 millones, y en 2036 los mayores de 60 superarán por primera vez a los menores de 15. El país envejece a un ritmo más acelerado que la capacidad de respuesta de la política pública y la institucionalidad territorial, lo que genera serias implicaciones sociales y económicas.
Cobertura actual y reforma pensional
Hasta finales de 2025, el programa Colombia Mayor beneficiaba a cerca de 1,7 millones de personas con un subsidio mensual de COP 80.000, monto considerado insuficiente frente al costo de vida. La Reforma Pensional de 2024 creó el Pilar Solidario, que reemplazará progresivamente a Colombia Mayor. Quienes cumplan los requisitos accederán a una Renta Básica Solidaria de COP 230.000 mensuales, con una cobertura proyectada de 2,8 millones de adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad. Quienes no califiquen permanecerán en Colombia Mayor con los COP 80.000 originales. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el Pilar Solidario representaba en 2023 cerca de 4,3 billones de pesos (0,3 % del PIB).
A estas brechas se suma la dimensión territorial: solo una fracción de los 1.123 municipios ha implementado la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez (PPNEV), lo que afecta el presupuesto y la oferta de servicios para una vejez digna. En este contexto, resulta relevante analizar las propuestas de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial de 2026.
Propuesta de Iván Cepeda
La apuesta de Iván Cepeda se basa en la continuidad del gobierno Petro. Su programa defiende la reforma pensional aprobada, propone ampliar Colombia Mayor a 4,2 millones de beneficiarios (un millón adicional) y reducir el aporte a salud de los pensionados al 4 %. En un encuentro con poblaciones afrodescendientes en Cartagena, destacó que “millones de adultos mayores que nunca habían recibido una pensión hoy reciben cerca de COP 240.000 mensuales gracias a la reforma pensional”. Su propuesta más ambiciosa es convertir esos subsidios en derechos exigibles, para que el Estado no pueda suspenderlos ni recortarlos arbitrariamente, y cualquier ciudadano pueda reclamarlos ante la justicia.
Sin embargo, el programa presenta vacíos. La reforma pensional enfrenta impugnaciones constitucionales vigentes, lo que pone parte de su agenda en riesgo. Su estimación de financiamiento (“tres billones sin nuevo impacto fiscal”) no coincide con la realidad: solo Colombia Mayor costará más de 4 billones en 2026. Además, convertir subsidios en derechos exigibles requiere oferta pública real; de poco sirve el derecho a atención domiciliaria si no hay quien la preste. El programa propone crear un Fondo Nacional del Cuidado sin detallar las políticas o programas que se implementarán, lo que lo convierte en una bolsa de recursos sin destino claro.
Propuesta de Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella concibe la ayuda a los adultos mayores principalmente como una política de salud, ignorando otras dimensiones de su bienestar. Su programa se basa en una lógica de mercado corregida por focalización social, donde los adultos mayores aparecen casi exclusivamente como pacientes crónicos vulnerables dentro de un plan de choque de COP 10 billones para estabilizar el sistema de salud.
En el plano pensional, no ofrece una propuesta estructural, pero declaró en Noticias Caracol el 18 de mayo de 2026: “¿En qué cabeza cabe que yo quitaría los subsidios a los abuelos y a las madres cabeza de familia y cuidadoras? Los subsidios no hay que acabarlos, hay que priorizarlos”. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, precisó el 2 de junio de 2026: “No vamos a desmontar los subsidios para los adultos mayores; los aumentaremos a COP 400.000”.
Para este sector, al que el programa no ofrece alternativas estructurales distintas al emprendimiento, trasladar una lógica de autogeneración de ingresos es un error de diagnóstico: las condiciones que definen su vulnerabilidad (trabajo informal, enfermedades crónicas, ausencia de oferta productiva) hacen imposible ese modelo. Una persona de 70 años que pasó su vida en trabajo informal agrícola, con enfermedades crónicas y sin red de apoyo en un municipio sin oferta productiva, no puede ser sujeto de emprendimiento. Además, su programa no incluye cuidado de larga duración, atención domiciliaria, prevención de la soledad ni centros de atención diurna, que la OPS y la OMS consideran indispensables para el envejecimiento saludable. Finalmente, persiste una tensión fiscal: se promete un ajuste de hasta $70 billones en el gasto estatal, eliminación de impuestos al sector productivo, un plan de choque en salud de COP 10 billones y aumento de subsidios, sin explicar el origen de los recursos ni qué ocurre con los beneficiarios actuales de Colombia Mayor durante la transición.
Lo que ninguno está dispuesto a decir
Más allá de cada candidato, hay temas que la política electoral colombiana ha decidido no enfrentar. El primero es la dependencia estructural de los subsidios: para millones de personas sin pensión, la transferencia es el único ingreso en la vejez, resultado de décadas de informalidad. En un país sin sistema de cuidado de larga duración (sin marco regulatorio, sin financiamiento estructurado, sin oferta pública suficiente), lo más cercano a la presencia del Estado para un adulto mayor es una transferencia mensual. El segundo es la institucionalidad territorial: hablar de sistemas nacionales de cuidado sin explicar su financiamiento y operación en municipios sin capacidad es quedarse en abstracto. La brecha entre el diseño en Bogotá y la capacidad local de ejecución es el cuello de botella. El tercero es la financiación honesta: ningún candidato ha dicho cuánto cuesta realmente la política de envejecimiento que Colombia necesita ni de dónde saldría el dinero.
Quien llegue a la Casa de Nariño en 2026 recibirá un país con más de 6,5 millones de personas mayores, un sistema de salud bajo presión crónica, una economía del cuidado sostenida por el trabajo no remunerado de las mujeres y una PPNEV que en la mayoría de los municipios avanza con cautela. El Ministerio de Salud reconoció que la territorialización de la PPNEV tuvo demoras significativas hasta el Plan de Acción Intersectorial del año pasado, que surgió tres años después de la promulgación de la política. Las promesas programáticas valen lo que vale su soporte fiscal y su capacidad de aterrizaje en los territorios. En esa honestidad sobre los costos reales, sobre lo incompleto y sobre lo que no se puede cumplir, se juega el éxito de la política y la calidad de vida de una generación que envejeció construyendo este país.
Nota de cierre: Con esta entrega cerramos una serie de columnas en las que analizamos algunos de los principales desafíos de la agenda pública nacional y las propuestas para enfrentarlos. Buscamos aportar elementos de análisis y contexto para una discusión informada sobre temas clave para el presente y el futuro del país.
