Ante el anuncio de una nueva reforma tributaria planteada por el gobierno Petro, que buscaría un recaudo de $30 billones con el fin de reducir las dificultades que tiene el país en materia económica, varios expertos dudan que sea tan fácil de aprobar en el Congreso de la República.
Viabilidad económica versus política
Para Sofía Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, presentarla sí es viable, pero aprobarla será bastante más difícil.
“Una reforma tributaria por $30 billones no luce como un capricho contable, sino como la traducción política de un hueco fiscal que ya venían señalando el Ministerio de Hacienda y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. La cifra equivale a entre 1,4% y 1,6% del PIB, que es justamente el rango de mayor ingreso tributario que se ha mencionado en la ruta fiscal del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026. El país ya no está discutiendo una ley de financiamiento marginal, sino la credibilidad completa de su ajuste fiscal”, señaló la experta.
Además, resaltó que el Presupuesto General de la Nación de 2026 fue presentado inicialmente por $557 billones, 28,9% del PIB, con $26,3 billones sujetos a la aprobación de una ley de financiamiento. Luego, tras el trámite legislativo, el Gobierno aceptó una reducción de $10 billones, pero el presupuesto aprobado aún quedó con una necesidad adicional de $16,3 billones.
“La viabilidad fiscal de la reforma es alta, porque las cuentas la reclaman. El propio Plan Financiero 2026 de Minhacienda proyectó que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central bajaría de 6,4% del PIB a 5,1% en 2026, pero también reconoció que persisten retos estructurales y que se requieren medidas para corregir el desbalance entre ingresos y gastos. Más duro aún: el CARF estimó que el déficit podría llegar a 6,7% del PIB, con una deuda neta de 60,3% del PIB, y advirtió que cumplir la meta fiscal del Gobierno requeriría un ajuste de $32,1 billones”, agregó la académica.
Viabilidad política media-baja
Pero una cosa es la viabilidad económica que es la que expresa la necesidad de la reforma tributaria, pero otra diferente es la política, que es la que mide las fuerzas que tendría el nuevo Congreso de la República que recibiría este articulado.
“La viabilidad política es media-baja. El Congreso ya hundió una ley de financiamiento de $12 billones para 2025 y otra de $16,3 billones para 2026; además, varias salidas extraordinarias del Ejecutivo —emergencias económicas, cambios por decreto y traslados de recursos pensionales— han terminado bloqueadas por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Eso deja una lección clara para el próximo trámite: una reforma de $30 billones no pasará por urgencia fiscal, sino por negociación política, técnica tributaria y confianza institucional”, aseveró Rodríguez.
Advirtió que el momento macroeconómico tampoco ayudaría a vender una subida fuerte de impuestos a los ciudadanos, ya que, a mayo de 2026, la inflación anual estaba en 5,84%, lejos de la meta de 3%; el Banco de la República mantenía la tasa de política monetaria en 11,25%; y el PIB apenas creció 2,2% en el primer trimestre. Es decir, hogares y empresas todavía operan con crédito caro, precios presionados y una recuperación moderada.
“Por eso, la respuesta más precisa sería esta: el Gobierno sí puede presentar una reforma tributaria por $30 billones, pero su aprobación solo sería viable si se plantea como un pacto fiscal amplio y no como una simple alza de impuestos. Tendría que combinar lucha contra evasión, revisión de beneficios tributarios, eficiencia del gasto, reglas claras para empresas, mayor progresividad en personas naturales de altos ingresos y señales creíbles de responsabilidad fiscal”, puntualizó la experta.
Reacciones de empresarios y analistas
Por el lado de los empresarios, las apreciaciones apuntan a que semejante monto reconfirma, una vez más, el grave estado de las cuentas del gobierno central. A través de su cuenta en X, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que esta nueva tributaria sería la más grande en la historia.
“Finalmente, el gobierno reconoce el estado calamitoso en que entrega las finanzas. Les anuncia a los colombianos que se requiere una reforma tributaria que es el 150% más grande que la mayor reforma tributaria de la historia. Con gran desvergüenza le dice a los hogares colombianos que se preparen para pagar muchos más impuestos, ya que ellos decidieron gastarse los recursos del futuro de los trabajadores, familias y empresas colombianas”, dijo el dirigente gremial.
Entre tanto, el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, mencionó que el Gobierno plantea esta nueva reforma tributaria con el fin de arreglar la casa. “Sin sorpresas, el Minhacienda deja un hueco fiscal y le pasa la factura al próximo gobierno, sugiriendo un ajuste mediante reforma tributaria de $30 billones (1,4% del PIB) para arreglar la casa”, dijo Pabón.
Para José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, esta medida será una de las determinantes para el nuevo jefe de Estado que llegue a la Casa de Nariño. “El Gobierno le dejaría a la siguiente administración, con sus propias cuentas, la necesidad de una reforma tributaria de 30 billones de pesos, más medidas de recorte de gasto, para poder estabilizar la senda de deuda”, señaló López.
Historial de reformas tributarias de Petro
Desde que se posesionó el presidente Gustavo Petro en 2022 se han presentado cuatro reformas tributarias, pero solo una se ha aprobado.
La primera fue en ese mismo año de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, con la Ley 2277 que estuvo centrada en la igualdad y justicia social, con énfasis en mayores impuestos a personas de altos ingresos y sector extractivo, con la que se buscó un recaudo cercano a los $20 billones.
La segunda que se presentó fue en 2024, la llamada Ley de Financiamiento, la cual buscaba recaudar cerca de $16,3 billones, pero se hundió en el Congreso de la República (noviembre 2025) tras no lograr el apoyo necesario.
La tercera fue la nueva Ley de Financiamiento, radicada en septiembre de 2025 con el objetivo de recaudar $26,3 billones para financiar el presupuesto de 2026. Esta propuesta incluía incrementos en IVA a licores, apuestas en línea y ajustes en renta para personas naturales y empresas. Sin embargo, también fue hundida en el Legislativo.
Y ahora la cuarta será la que se radicará cuando se instale el nuevo Congreso el próximo 20 de julio de 2026. La proyección del mercado es que esta tampoco sea aprobada.
