En una entrevista con Mañanas Blu, Hollman Ibáñez, abogado de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presentó los fundamentos legales con los que pretende anular la suspensión que afecta a la congresista del Pacto Histórico. Según Ibáñez, la medida adoptada por la Procuraduría General de la Nación es injusta y transgrede principios esenciales del sistema jurídico colombiano.
Una relación estrictamente profesional
Frente a las preguntas sobre su vínculo con la congresista y las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien lo mencionó como consejero o asesor, Ibáñez fue claro al definir su función. “Mi relación con la doctora Gloria es puramente profesional, como ha sido siempre. Soy su apoderado en varios procesos que sigue la Sala de Instrucción de la Corte Suprema”. El jurista negó cualquier vínculo formal con el Estado o la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), subrayando que su labor es exclusivamente jurídica: “No como dijo el presidente, ni consejero ni asesor… Mi relación con ella es estrictamente profesional y se limita a ser su apoderado judicial, no su confesor ni su consejero”.
La tutela y la vulneración de derechos políticos
La defensa presentó una acción de tutela argumentando que la suspensión de Arizabaleta, que se extiende hasta el 20 de julio, constituye una medida definitiva que perjudica el derecho de representación popular. Ibáñez afirmó que la Procuraduría “cercenó los derechos políticos de Gloria Arizabaleta” al separarla de su cargo casi hasta el final del período legislativo actual. Entre los derechos que consideran afectados se incluyen el de elegir y ser elegido, la conformación del poder público y el debido proceso. Además, Ibáñez indicó que el caso debe analizarse con “enfoque de género” y recordó que, según jurisprudencia previa, una autoridad administrativa no debería apartar del cargo a funcionarios de elección popular. “La autoridad administrativa no podía separar del cargo a los elegidos popularmente; debería ser a través de una orden judicial, y la Procuraduría, recordemos, es una autoridad disciplinaria, pero administrativa”, puntualizó.
Investigaciones por presunta extorsión
En cuanto a las graves acusaciones de una supuesta extorsión al Gobierno Nacional, el abogado señaló que el tema ya está en manos de la justicia penal tras las denuncias presentadas por el abogado del presidente. Ibáñez confirmó que varios ministros han sido citados a declarar en este proceso, que se mantiene bajo reserva judicial. “Allí se debatirá si existió o no la conducta… los ministros declararán y expondrán las razones que los llevan a creer que hay una presunta extorsión”. Finalmente, el abogado adelantó que, si la tutela prospera y Arizabaleta regresa a su cargo, lo más probable es que deba “declararse impedida para seguir conociendo de los casos contra el presidente de la República” para evitar suspicacias legales en lo que resta del período legislativo.
