El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, reveló que el Gobierno empleará una plataforma de inteligencia artificial para revisar contratos y bases de datos públicas durante el proceso de empalme, en busca de irregularidades. La medida, anunciada por Abelardo de la Espriella, contará con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque no se han detallado los mecanismos de cooperación.
Un empalme que rompe con la tradición
El empalme en Colombia es un procedimiento institucional que garantiza la continuidad del Estado, con metodologías y protocolos establecidos por la función pública. Sin embargo, el presidente electo optó por un camino distinto: anunció un “empalme anticorrupción” preparado por su equipo y confirmó que no asistirá a la reunión tradicional con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Este gesto simboliza una ruptura con la institucionalidad del gobierno saliente.
La estrategia recuerda al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) creado por Donald Trump en su segundo mandato, dirigido por Elon Musk. DOGE utilizó herramientas de IA para analizar contratos y bases de datos federales, con el objetivo de detectar fraude y reducir el tamaño del Estado. En la práctica, consolidó información dispersa y produjo diagnósticos que, según críticos, sirvieron para justificar decisiones políticas bajo una apariencia técnica.
Riesgos de concentración de datos
Carolina Botero Cabrera, autora del artículo, cuestiona que el empalme anticorrupción desborde las funciones de una comisión de empalme, invadiendo competencias de los organismos de control. Además, anticipa que preparará el terreno para una reorganización administrativa que contempla un recorte del 40 % del aparato estatal, como se anunció en campaña.
Según la profesora Allison Stanger, la IA puede mejorar la gestión pública, pero el riesgo está en concentrar información previamente distribuida entre distintas instituciones sin controles democráticos. Los “silos” de información protegen contra la reconstrucción de perfiles completos de ciudadanos o funcionarios. En el caso de DOGE, se usó para vigilar a empleados públicos y conocer sus opiniones sobre Trump y Musk.
Lecciones del DOGE en Estados Unidos
El Center for Economic and Policy Research concluyó que DOGE no demostró el fraude sistémico prometido ni generó los ahorros anunciados; incluso, pudo costar más de lo que ahorró. En cambio, provocó despidos masivos, litigios, decisiones improvisadas y deterioro de la capacidad operativa de agencias federales. También generó controversias sobre el uso de información pública y sirvió para perseguir blancos políticos, como el desmantelamiento de USAID.
Botero advierte que el empalme anticorrupción será el primer acto de un proyecto político que equipara eficiencia con reducir el Estado, considera la concentración de información como condición para gobernar y ve la tecnología como solución mágica. “La eficiencia seduce, pero si implica acceso masivo a datos, algoritmos opacos y una narrativa que convierte al Estado en enemigo, la discusión es sobre democracia, no sobre tecnología”, señala.
Interrogantes sin respuesta
Hasta ahora, el Gobierno no ha explicado qué información será integrada, quién tendrá acceso, qué herramientas de IA se usarán, los criterios de procesamiento ni los mecanismos de supervisión independiente. Tampoco se conoce el alcance de la cooperación del BID. Botero subraya que el verdadero riesgo no es el uso de IA, sino que esta instale una forma de poder donde la concentración de datos sustituya los controles institucionales y la eficiencia se use para debilitar el Estado democrático.
Finalmente, recuerda que estos proyectos suelen ser operados por empresas privadas, probablemente extranjeras, que tendrán acceso a información privilegiada y sensible, un tema que promete abordar en futuras columnas.
