Las cifras económicas del Gobierno Petro han vuelto al centro del debate público luego de que el ministro de Hacienda electo, Miguel Gómez, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, cuestionaran la confiabilidad de varios indicadores fiscales y administrativos. A estas declaraciones se suman las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre el deterioro de las cuentas públicas y la controversia en torno a las estadísticas de empleo del Dane, configurando un escenario donde la transparencia y la credibilidad de la información oficial son determinantes para el proceso de empalme.
Cuestionamientos desde el equipo económico entrante
El primer frente de discusión surgió desde el equipo del gobierno entrante. En entrevista con Portafolio, Miguel Gómez aseguró que las cifras fiscales no reflejan completamente la situación de las finanzas públicas y anticipó que será necesario revisar varios indicadores durante la transición. "Yo lamento decir que las cifras del gobierno saliente no son ciertas. El déficit fiscal es mucho más alto y también vemos que la situación de liquidez es muy delicada", afirmó Gómez. Agregó que algunas cifras utilizadas actualmente "van a tener que ser revisadas" y sostuvo que "el primer paso para reconstruir la confianza es decir la verdad".
Advertencias del Carf sobre el déficit fiscal
El Carf considera que cada día resulta menos probable el cumplimiento de la meta fiscal planteada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para 2026. Aunque existe coincidencia general con la proyección oficial de ingresos del Ministerio de Hacienda, la estrategia del Gobierno para alcanzar sus metas depende de una reducción sustancial del gasto público que, hasta ahora, no ha sido respaldada por decisiones concretas. El Comité recuerda que el Gobierno anunció un decreto de aplazamiento del gasto que aún no ha sido expedido y advierte que, con corte a abril, el 54,3% de las apropiaciones destinadas a inversión ya había sido comprometido, reduciendo el margen de maniobra para nuevos ajustes.
Las diferencias entre ambas proyecciones son significativas. El escenario central del Carf estima un déficit primario equivalente al 4,1% del PIB, cifra superior en 2,1 puntos porcentuales frente a la prevista por el MFMP. Asimismo, calcula que el gasto primario alcanzará el 20,1% del PIB, equivalente a $406,3 billones, alrededor de $39,6 billones más de lo proyectado oficialmente por el Ministerio de Hacienda. El Comité añade que, además del ajuste de 1,5% del PIB anunciado por el Gobierno, serían necesarias decisiones adicionales para reducir el gasto en otros 0,4 puntos del PIB. También recuerda que el Presupuesto General de la Nación para 2026 continúa desfinanciado en $16,3 billones tras la no aprobación de la Ley de Financiamiento, lo que obliga a disminuir el gasto en esa misma magnitud si no aparecen nuevas fuentes de ingreso.
El Carf proyecta que el balance fiscal total podría cerrar en un déficit de 7,4% del PIB durante 2026, un nivel cercano al registrado en 2020, en plena pandemia, cuando alcanzó 7,8% del PIB. Para el organismo, "un déficit fiscal de esa magnitud es claramente insostenible y macroeconómicamente inconveniente", especialmente en un contexto de brecha positiva del producto y elevados términos de intercambio.
Proceso de empalme y transparencia
José Manuel Restrepo explicó que el proceso de empalme fue denominado "anticorrupción" precisamente porque busca revisar de manera integral la información que será entregada por el gobierno saliente. De acuerdo con el vicepresidente electo, el objetivo consiste en identificar situaciones donde pueda existir ocultamiento de información, maquillaje de cifras, desperdicio de recursos públicos, incumplimientos en proyectos o captura institucional. "Corrupción no solamente es un tema de robar o no robar; también es esconder información, maquillaje de cifras, dejar proyectos sin terminar, captura de instituciones, improvisación y desperdicio de recursos", sostuvo.
La revisión abarcaría no solo el estado de las finanzas públicas, sino también la ejecución de proyectos, la situación presupuestal y otros indicadores económicos relevantes para la formulación de política pública durante el próximo cuatrienio.
Debate sobre cifras de empleo
La discusión sobre la confiabilidad de las cifras oficiales también alcanzó al mercado laboral. Un estudio de la Universidad de Antioquia encontró diferencias significativas entre las mediciones del Dane y los registros de la PILA. Según la investigación, mientras las estadísticas oficiales reportan 814.000 empleos formales durante el último año, los registros administrativos indicarían una pérdida superior a 170.000 puestos de trabajo en ese mismo periodo, una diferencia que supera los 980.000 empleos. Esto ha sido utilizado por distintos gremios empresariales para cuestionar la evolución reciente del mercado laboral.
Frente a estos cuestionamientos, el Dane defendió la calidad técnica de sus estadísticas y explicó que las diferencias obedecen a metodologías y objetivos distintos. La entidad recordó que la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) recoge la información declarada directamente por las personas, mientras que la PILA corresponde a registros administrativos de aportes a la seguridad social. El organismo también señaló que el estudio académico no incorpora la actualización del Marco 2018, vigente desde 2021 en la GEIH, un ajuste metodológico determinante para interpretar los resultados. Además, informó que remitió una comunicación formal a los autores con observaciones técnicas e invitó a revisar conjuntamente las conclusiones.
La directora del Dane, Piedad Urdinola, rechazó que las estadísticas oficiales estén influenciadas por intereses políticos y defendió la independencia técnica de la entidad. "Las cifras del Dane no tienen color político: no favorecen ni perjudican a ningún gobierno. Son públicas y verificables, y la confianza en ellas es un bien de todos los colombianos. Defender esa independencia técnica es un principio irrenunciable", afirmó.
Con estos pronunciamientos, el debate sobre la credibilidad de las cifras económicas trasciende el ámbito estrictamente fiscal y se extiende hacia otros indicadores fundamentales para evaluar el desempeño del país. El proceso de empalme se perfila como un escenario en el que la validación de la información oficial será uno de los principales ejes de discusión antes del inicio de la nueva administración.
