A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda publicó un documento de 118 páginas en el que presenta su plan de gobierno para el periodo 2026-2030. El texto ordena propuestas en economía, salud, educación, paz, seguridad, lucha contra la corrupción y participación ciudadana.
Diferencias con el documento anterior
El documento marca una diferencia frente al material que hasta ahora había sido divulgado como referencia programática de su campaña. Ese primer texto tenía 432 páginas y reunía principalmente discursos, intervenciones públicas y mensajes territoriales del candidato. La nueva versión se presenta bajo el título 'Tres revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida' y agrupa la propuesta en tres ejes: Revolución Ética, Revolución Social y Económica, y Revolución Política y Poder de la ciudadanía.
El plan mantiene una línea de continuidad con el gobierno de Gustavo Petro. El documento plantea consolidar, profundizar y ajustar el camino iniciado por el actual Gobierno, pero con una estructura más breve y organizada por temas de política pública.
El cambio principal está en la forma de presentación. Mientras el primer documento estaba construido alrededor de intervenciones en ciudades, encuentros y discursos de campaña, el nuevo texto organiza los planteamientos por sectores y medidas. Esa diferencia tiene relevancia en la recta final electoral porque permite identificar con mayor claridad qué propone el candidato en asuntos económicos, sociales e institucionales. También permite revisar qué temas aparecen formulados y cuáles no quedan como ejes centrales del programa.
Propuestas económicas y fiscales
En el frente económico, el plan se estructura alrededor de tres pactos: productivo, social y fiscal. El primero plantea una economía más diversificada, con énfasis en industria, empleo, reforma agraria, banca pública y crédito productivo. El documento mantiene la idea de fortalecer la economía campesina y popular, pero también incorpora referencias a transformación productiva, financiamiento, crédito territorial y papel de la banca pública. En ese punto, la propuesta conserva banderas previas, aunque con una formulación más ordenada.
En materia fiscal, el texto incluye un diagnóstico sobre ingresos, gasto y deuda. Señala que los ingresos del país equivalen al 22% del PIB, frente al 34% promedio de la Ocde, y que la estructura de gasto tiene 93% de inflexibilidad. También sostiene que la deuda pública neta pasó de 33% a 60% del PIB en una década. A partir de ese diagnóstico, el programa plantea reducir progresivamente el déficit fiscal mediante mayor recaudo efectivo, lucha contra la macrocorrupción y menores costos de financiamiento.
En tributación, el plan propone revisar el estatuto tributario, eliminar exenciones sin justificación, aumentar la tributación efectiva sobre altas rentas y grandes patrimonios, revisar regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos, y aplicar fiscalidad digital a grandes plataformas.
Uno de los puntos económicos más concretos está en el salario mínimo. El documento conserva la propuesta de incrementos reales, pero señala que estos deben estar vinculados a productividad y costo de vida, con diálogo entre Estado, empresarios y trabajadores. Ese enfoque introduce un matiz frente al primer material, en el que el lenguaje se concentraba más en la idea de “salario vital” y en la defensa de aumentos salariales como parte de los logros del gobierno Petro.
Salud, paz y temas que no aparecen como eje
En salud, el plan plantea un plan de emergencia durante los primeros 100 días para mejorar el acceso, avanzar en compra y distribución centralizada de medicamentos, reducir servicios represados y fortalecer mecanismos como giro directo, validación de facturas y automatización de pagos. El documento también propone una reforma estructural al sistema de salud con mensaje de urgencia. Según el texto, el modelo sería mixto, con rectoría estatal, fortalecimiento de la red pública y Centros de Atención Primaria en Salud como puerta de entrada.
En educación, el programa plantea garantizar educación pública integral desde la primera infancia hasta la educación superior. También menciona el fortalecimiento de la educación inicial, la formación integral, la educación media y 80 proyectos de infraestructura de educación superior.
En paz, el texto propone implementar integralmente el acuerdo de paz de 2016 y ampliar por cuatro años adicionales el tiempo de implementación. También plantea ejecutar proyectos PDET con recursos asegurados y desarrollar diálogos de paz que el documento califica como eficaces. El plan incluye además propuestas en víctimas, reparación, memoria, garantías de no repetición y seguridad humana. En seguridad, plantea reducción de extorsión, secuestro y homicidio, control territorial diferenciado, inteligencia financiera contra economías criminales y dignificación de la Fuerza Pública.
Uno de los elementos de contraste frente al debate político reciente está en los temas que no aparecen como eje visible del nuevo documento. En el plan no se formula como propuesta central una eventual asamblea constituyente, ni modificaciones al Banco de la República, ni la implementación de inversiones forzosas. En el primer documento sí aparecía con más fuerza la discusión sobre poder constituyente y movilización ciudadana como ruta para impulsar reformas. En la nueva versión, el énfasis está en participación, reforma política, institucionalidad electoral y nuevo código electoral.
La lucha contra la macrocorrupción se mantiene como una de las líneas principales. El programa plantea crear un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, fortalecer la Secretaría de Transparencia y crear una Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción dentro de la Fiscalía. También propone usar analítica de datos, big data, blockchain e inteligencia artificial en contratación pública y seguimiento al gasto, además de tipificar la gran corrupción como delito grave de criminalidad organizada.
Con esta versión, Cepeda presenta un programa más compacto que el primer material divulgado por su campaña. La propuesta conserva la continuidad con el gobierno Petro y varias banderas del Pacto Histórico, pero ordena sus planteamientos en capítulos sectoriales y deja fuera del eje central algunos temas de mayor controversia pública.
