Presupuestos millonarios sin resultados
Uno de los grandes pendientes institucionales en Colombia es la transparencia, eficiencia y efectividad de las llamadas “IAS”: la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Estas instituciones, a pesar de los grandes presupuestos que consumen, parecen hacer lo mismo y no cumplen los fines para los cuales fueron creadas, según el analista Maximiliano Rodríguez Fernández, socio de Sotomonte, Sotomonte & Rodríguez Abogados.
Los recursos destinados a estas entidades, creadas para combatir la corrupción, no se compadecen con los resultados obtenidos. Para 2026, estas tres entidades tienen presupuestos aprobados por poco más de $10 billones, suma que no beneficia a un país donde, según la Auditoría General de la República, se pierden por corrupción poco más de $50 billones cada año. Datos suficientes para revaluar el funcionamiento e incluso la existencia misma de estas entidades.
Fallas en la investigación y dependencia política
Estas entidades cuentan con instrumentos legales suficientes para desempeñar mejor sus funciones, pero su actuar es paquidérmico. En Colombia, el descubrimiento de grandes casos de corrupción tiene origen en investigaciones de periodistas o ciudadanos que parecen tener mayor capacidad de investigación que el costoso aparato institucional. En muchos casos, la demostración de hechos de corrupción por terceros se basa en información que reposa en los archivos de tales entidades.
Su labor es reactiva: llega cuando los recursos ya están en el bolsillo de los corruptos y no existen medios para recuperarlos. En la Fiscalía, la situación se agrava por el volumen de casos que no puede manejar, profundizando la impunidad. A esto se suma su cercanía y dependencia de la clase política, producto de un diseño institucional defectuoso que las obliga a congraciarse con políticos y magistrados que son parte del problema.
Nombramientos cuestionables y crisis en contralorías
La clase política y judicial lleva a la cabeza de estas entidades a personas cercanas que garantizan impunidad y asignación de nómina. Múltiples investigaciones penales, disciplinarias y fiscales contra funcionarios de gobiernos de turno duermen en archivos de funcionarios endeudados con sus electores. Otras se impulsan rápidamente contra contradictores. A ello se suman nombramientos de familiares y amigos. La situación es peor en las contralorías departamentales y municipales, sumidas en una profunda crisis de corrupción.
Oportunidad para reformar el Estado
Ante este panorama, el país debe cuestionarse seriamente sobre la existencia y funcionamiento de estas entidades, la duplicidad de funciones, su transparencia y su adecuación al sistema interamericano de derechos humanos. La necesidad de recortar el gasto público es una oportunidad para retomar la discusión sobre el modelo de Estado útil a la sociedad y lo que no sirve o no es susceptible de mejora. Estas tres entidades serían un buen punto de partida, concluye el analista.
