El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó una acción de tutela que pretendía intervenir el escrutinio presidencial de 2026, el cual confirmó la victoria de Abelardo De La Espriella. La corporación determinó que los recuentos, auditorías y verificaciones electorales deben tramitarse a través de las vías judiciales ordinarias, no mediante tutelas.
Decisión unánime de la Sección II
La Sección II del Tribunal, con ponencia de la magistrada Mirtha Abadía Serna, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, entre ellos debido proceso, igualdad, participación política y acceso a la información. La acción hacía parte de lo que se ha denominado una “tutelatón” contra los resultados de las elecciones presidenciales. En esas solicitudes, varios ciudadanos pidieron revisar aspectos relacionados con trazabilidad, custodia, auditoría y verificación de la información electoral.
Entre las medidas reclamadas estaban la conservación integral de formularios E-14 y otros documentos electorales, la suspensión de modificaciones en bases de datos, la auditoría técnica al software electoral, la verificación de actas y el recuento físico de votos. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la tutela no era el mecanismo adecuado para ordenar nuevas verificaciones sobre el escrutinio presidencial.
Fallo centrado en la improcedencia de la tutela
Para la corporación, las presuntas inconsistencias o alteraciones en formularios E-14 deben discutirse dentro de los procedimientos electorales previstos por la ley. Esa precisión marca el centro del fallo: la tutela no puede convertirse en una vía paralela para reabrir controversias propias del proceso electoral, especialmente cuando existen mecanismos especializados para discutir la validez de una elección.
El Tribunal también tuvo en cuenta que los testigos electorales acreditados presentaron reclamaciones durante el trámite electoral, pero posteriormente desistieron de ellas. Por esa razón, consideró que no había una controversia pendiente que justificara ordenar nuevas verificaciones por vía constitucional. La corporación señaló que esas inconformidades debían tramitarse conforme al procedimiento establecido en el Decreto Ley 2241 de 1986. Al haberse desistido de las reclamaciones, no resultaba procedente reabrir el debate mediante una acción de tutela.
Votos en el exterior y otros aspectos
El fallo también negó las solicitudes relacionadas con los votos emitidos en el exterior. Según el Tribunal, la negativa de remitir físicamente esos votos no configuró una vulneración de derechos fundamentales de los accionantes. Más de 23 millones de colombianos acudieron a las urnas el 31 de mayo de 2026, según datos oficiales.
Recuentos y auditorías deben ir por nulidad electoral
Uno de los mensajes centrales de la decisión es que los cuestionamientos de fondo contra el resultado presidencial tienen una vía judicial propia. El Tribunal recordó que estos asuntos corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, especialmente mediante el medio de control de nulidad electoral. Esa vía es la llamada a resolver eventuales debates sobre irregularidades, validez de la elección o afectaciones sustanciales al proceso. La tutela, en cambio, está diseñada para proteger derechos fundamentales cuando no existe otro mecanismo eficaz o cuando hay un perjuicio irremediable.
En este caso, la corporación no encontró elementos suficientes para desplazar los procedimientos ordinarios. Tampoco consideró procedente ordenar por tutela una auditoría general, un recuento físico de votos o la suspensión de bases electorales. La decisión también abordó las peticiones de publicación de información técnica sobre los mecanismos de integridad digital. Para el Tribunal, esas solicitudes no justificaban una intervención extraordinaria del juez constitucional sobre el escrutinio presidencial.
Presunción de legalidad de la elección
Otro punto relevante del fallo es la referencia al acto administrativo expedido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante el cual se declaró la elección de De La Espriella como presidente de la República. El Tribunal recordó que ese acto conserva presunción de legalidad mientras no sea anulado por el juez competente. Ese principio significa que la declaratoria de elección mantiene sus efectos jurídicos, salvo que una autoridad judicial decida lo contrario dentro del proceso correspondiente.
La decisión no cierra la puerta a otras acciones judiciales. Lo que establece es que la tutela no es la vía idónea para desconocer, suspender o modificar los efectos del escrutinio que confirmó el triunfo presidencial de De La Espriella.
Contexto político y efectos prácticos
El pronunciamiento se conoce en medio de un ambiente político marcado por cuestionamientos al resultado electoral y tensiones alrededor de la transición presidencial. En ese contexto, el fallo refuerza la idea de que las disputas electorales deben resolverse con reglas procesales definidas. Para el Tribunal, no se acreditó una vulneración de derechos fundamentales que permitiera ordenar las medidas pedidas por los accionantes. Por eso, negó el amparo y mantuvo el debate dentro de los mecanismos ordinarios de control electoral.
La decisión tiene efectos prácticos sobre el proceso político en curso. Por ahora, se mantienen los efectos del escrutinio presidencial y de la declaratoria del CNE, mientras cualquier inconformidad de fondo deberá llevarse ante la jurisdicción competente.
