En Colombia, cada campaña presidencial debería ser una celebración de la democracia: ideas que se confrontan, propuestas que se discuten y ciudadanos que deciden libremente su futuro en las urnas. Sin embargo, el actual panorama electoral vuelve a estar empañado por un elemento que el país no ha logrado erradicar del todo: las amenazas contra quienes aspiran a dirigir la nación.
Un fenómeno inaceptable
Este fenómeno no solo es alarmante, es inaceptable. Las intimidaciones contra candidatos presidenciales, sin importar de dónde provengan o a quién estén dirigidas, deben ser rechazadas de manera categórica. No hay justificación política, ideológica ni estratégica que pueda validar el uso del miedo como herramienta en una contienda democrática.
Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de la violencia en la política. La historia ha dejado cicatrices profundas, recordándonos que cuando las armas o las amenazas entran en el debate público, la democracia pierde y el país retrocede. Como ejemplo de lo que no debe pasar está la aún reciente muerte del candidato del Centro Democrático Miguel Uribe, que el país rechazó. Nadie quiere que esto ocurra de nuevo, de ahí que el país entero debería volcarse en contra de cualquier intento de atentar contra la vida de los candidatos.
Riesgos reales y distorsiones
Pero así como es necesario reconocer los riesgos reales, también es fundamental evitar que este tema se distorsione. Las amenazas no pueden convertirse en un recurso político, ni en un instrumento para ganar visibilidad, victimizarse o deslegitimar al adversario. Cuando esto ocurre, no solo se trivializa un problema grave, sino que se contamina aún más el ambiente electoral.
El efecto de estas dinámicas es muy claro: aumentan la polarización, alimentan la desconfianza y desvían el debate de lo esencial. En lugar de discutir soluciones a los problemas del país como la inseguridad, la economía y la desigualdad, la campaña se enreda en acusaciones cruzadas y sospechas sin sustento. Además, las amenazas tienen consecuencias prácticas que afectan directamente el desarrollo de la campaña. Limitan la movilidad de los candidatos, restringen su presencia en territorios clave y dificultan el contacto directo con la ciudadanía. Esto no solo afecta a los aspirantes, sino también a los votantes, quienes ven reducidas sus oportunidades de conocer de primera mano las propuestas y posturas de quienes buscan su respaldo. Varias entidades han estimado que cinco millones de votantes no podrían ejercer su derecho en zonas rurales afectadas por el conflicto.
El papel del Estado y la ciudadanía
Frente a este escenario, el papel del Estado es crucial. Debe garantizar condiciones de seguridad equitativas para todos los candidatos, sin excepciones ni sesgos, y actuar con transparencia frente a cada denuncia. Pero la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. También es un llamado a las campañas políticas, que deben actuar con prudencia y responsabilidad en el manejo de este tipo de información, así como cuidar la integridad de los candidatos.
Y, sobre todo, es un llamado a la ciudadanía. Los colombianos tienen derecho a unas elecciones en paz, a un proceso electoral libre de intimidaciones y a poder ejercer su voto sin miedo. La democracia no puede construirse bajo la sombra de la amenaza. Por el contrario, debe fortalecerse con la participación masiva, consciente y tranquila de todos.
El país no quiere una campaña marcada por el temor, sino por las ideas. No quiere candidatos protegidos por el miedo, sino respaldados por sus propuestas. Y, ante todo, quiere unos comicios en los que cada ciudadano pueda salir a votar con la certeza de que su decisión será libre y respetada.
