La discusión del proyecto que busca regular los contratos de prestación de servicios en el Estado colombiano se cayó este miércoles tras una ruptura del quórum en el Congreso. Este hecho desató un fuerte cruce político entre las congresistas Angélica Lozano y María Fernanda Carrascal.
Choque entre Angélica Lozano y María Fernanda Carrascal
Mientras Lozano señaló que la salida de Carrascal impidió avanzar en una iniciativa que, según dijo, beneficiaría a cerca de un millón y medio de contratistas, la representante respondió que el articulado actual es “abiertamente inconstitucional” y podría empeorar las condiciones laborales que pretende resolver.
Razón de la caída del debate
La jornada terminó con acusaciones cruzadas alrededor de un proyecto que busca establecer reglas para quienes trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios. El punto de quiebre llegó cuando, según Angélica Lozano, la salida de Carrascal de la sesión rompió el quórum necesario para continuar el trámite.
La congresista lamentó lo ocurrido y sostuvo que se había alcanzado una construcción conjunta para sacar adelante la iniciativa después de varios intentos fallidos. “Lamento que la representante Carrascal se retire y rompa el quórum cuando se va a aprobar un proyecto que beneficia a un millón y medio de personas que trabaja bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios”, afirmó.
Lozano aseguró, además, que la discusión había avanzado mediante acuerdos políticos y la ampliación del grupo de ponentes, del que Carrascal hacía parte. En sus declaraciones, insistió en que el debate iba más allá de diferencias entre los sectores políticos y que los principales afectados serían los trabajadores vinculados bajo esta figura contractual.
“Aquí los perjudicados no somos los contradictores políticos, los perjudicados son un millón y medio de personas que trabajan sin primas, cesantías, vacaciones, sin ninguna estabilidad”, sostuvo.
La modalidad de prestación de servicios ha sido objeto de debate debido a que funciona bajo esquemas diferentes a un contrato laboral tradicional, lo que deja a trabajadores sin algunos beneficios de prestaciones sociales como primas, vacaciones remuneradas y cesantías.
Respuesta de María Fernanda Carrascal
Sin embargo, la respuesta de María Fernanda Carrascal se centró en un argumento distinto sobre las razones detrás de la decisión. La representante rechazó las acusaciones y aseguró que no se puede atribuir únicamente a su retirada la falta de avance del proyecto. “Angélica Lozano pretende responsabilizarme de que hoy no se haya discutido el proyecto con el que buscan regular los contratos de prestación de servicios en el Estado”, señaló.
Su principal cuestionamiento estuvo centrado en el contenido del articulado y en las consecuencias que, según dijo, tendría su aprobación. “Lo digo con claridad: el proyecto, tal como está construido, es abiertamente inconstitucional. En lugar de avanzar hacia la formalización laboral, profundiza la deslaboralización en el Estado, legaliza formas de fraude laboral y crea trabajadores de segunda categoría”, afirmó.
Es decir, mientras un sector plantea que el proyecto permitiría ofrecer mejores condiciones a quienes hoy trabajan bajo esta modalidad, la otra postura política sostiene que podría terminar institucionalizando problemas que actualmente generan cuestionamientos.
¿Qué podría pasar con los contratos de prestación de servicios?
Ahora bien, las declaraciones dejan ver que el desacuerdo no parece cerrado y que la posibilidad de un nuevo consenso seguirá dependiendo de cambios en el texto. Carrascal indicó que tiene disposición de continuar con la discusión, aunque de manera condicionada con la modificación de la iniciativa.
“Si logramos construir un acuerdo alrededor de un texto que realmente mejore las condiciones de trabajo, sin legalizar el fraude laboral y sin deteriorar el derecho laboral ni la contratación pública, estamos dispuestos a avanzar”, expresó.
Sin embargo, dejó clara su negativa frente a acompañar el proyecto en su estado actual. “No vamos a acompañar una iniciativa que, bajo el discurso de proteger a los contratistas, termine precarizando aún más el empleo público”, agregó.
La discusión deja un escenario de incertidumbre sobre el futuro de una iniciativa que busca intervenir una modalidad de contratación que involucra a un amplio grupo de trabajadores. Más allá del cruce político entre las congresistas, el episodio volvió a poner sobre la mesa un debate que continúa sin resolverse: cómo regular las condiciones de quienes prestan servicios sin abrir una nueva controversia sobre derechos laborales y estabilidad en el empleo público.
