El candidato presidencial Iván Cepeda volvió a alertar sobre una posible intervención de grupos armados ilegales en las elecciones del próximo 31 de mayo. Durante una rueda de prensa en Popayán, el aspirante del Pacto Histórico denunció que una de las disidencias de las Farc estaría ejerciendo presión sobre comunidades en el departamento de Guaviare para influir en la intención de voto de la población civil.
Denuncia formal ante la Fiscalía
Cepeda convocó a los medios este martes 19 de mayo para entregar detalles sobre la denuncia. Antes de hablar, dejó claro que no respondería preguntas y que únicamente expondría la información que, según él, ya fue puesta en manos de las autoridades judiciales. “En los próximos minutos estaremos radicando ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo escrito en el que yo denuncio, y también lo hace mi campaña, que hemos recibido información y documentos en los que se señala que un grupo armado, al parecer, una de las disidencias, estaría realizando acciones para presionar y coaccionar al electorado en el departamento de Guaviare”, afirmó el candidato.
Evidencias presentadas
El candidato presidencial explicó que no hará públicos los documentos ni las evidencias que soportan su denuncia, pues considera que deben ser conocidas primero por las autoridades competentes. Sin embargo, confirmó que entregará material audiovisual que incluiría audios e imágenes relacionados con las supuestas intimidaciones al electorado. “Rechazamos de una manera clara, tajante, contundente, cualquier intento de los grupos armados por presionar al electorado en un sentido o en otro, trátese de acciones que van en contra nuestra y de nuestra campaña, como de acciones que, supuestamente, serían favorables a la misma. No hemos pedido ni aceptamos que la acción armada sirva para presionar, de alguna manera, limitar, censurar, constreñir al electorado”, concluyó Cepeda.
Contexto de las elecciones 2026
Distintos sectores políticos y organismos de seguridad han advertido sobre posibles maniobras de grupos armados ilegales para interferir en el proceso electoral. Entre los riesgos mencionados aparecen presiones sobre comunidades, restricciones al ingreso de campañas políticas en algunas zonas y amenazas contra líderes regionales. Mientras avanza la recta final hacia las elecciones, las autoridades siguen con las investigaciones para esclarecer los hechos.
