El próximo 29 de abril, el Congreso de la República retomará de manera oficial la discusión del proyecto de ley que busca dar continuidad al Ministerio de Igualdad y Equidad. La urgencia radica en que a la iniciativa le quedan menos de dos meses para superar su trámite legislativo antes de que venza el plazo otorgado por la Corte Constitucional, lo que significaría el cierre definitivo de la cartera.
Llamado del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro lanzó un llamado sobre el futuro de esta institución, señalándola como una pieza central de su programa de gobierno que hoy se encuentra en riesgo debido a las tensiones políticas. "El Ministerio de Igualdad tiene sus días contados. En estas luchas que se han dado entre un gobierno que trata de transformar el país y un establecimiento estatal que no lo quiere, una de las víctimas ha sido el Ministerio de Igualdad. En un Estado social de Derecho, una institucionalidad que hable de igualdad de los seres humanos en Colombia es fundamental", aseguró el mandatario.
Pulso político con fecha de vencimiento legislativo
La situación jurídica del ministerio es compleja. En abril de 2024, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de su creación debido a vicios de trámite, otorgando un plazo para que el Gobierno radicara y lograra la aprobación de una nueva ley que subsanara dichos errores. Aunque el proyecto fue radicado en abril de 2025, el debate en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado se estancó después del inicio de las discusiones en diciembre pasado.
Pese a contar con mensaje de urgencia, el Legislativo no priorizó el tema luego del regreso de las vacaciones de marzo. Ahora, con el anuncio del agendamiento para la próxima semana, el Gobierno busca una carrera contra el reloj. El ministro de Igualdad y Equidad, Luis Alfredo "Lucho" Acosta, lidera actualmente una estrategia jurídica y legislativa, trabajando de la mano con organizaciones sindicales de la entidad para asegurar que la estructura institucional no se desmantele.
14 poblaciones en riesgo por el futuro de la entidad
La defensa de esta cartera no es solo una cuestión burocrática, sino que el impacto social recae directamente sobre 14 grupos poblacionales que el Ejecutivo cataloga como históricamente excluidos. De desaparecer el ministerio, se perdería el enfoque de atención directa para mujeres en sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, indígenas, familias campesinas y jóvenes en pobreza extrema.
La lista de beneficiarios en riesgo incluye también a personas con discapacidad, habitantes de calle, población migrante y mujeres cabeza de familia. Según el Gobierno Nacional, el ministerio ha dedicado sus tres años de existencia a construir una arquitectura estatal que permita llegar a territorios donde otras instituciones no operan, todo esto deberá demostrarlo para seguir en pie.
Petro fue enfático en que, de no cumplirse la sentencia en este periodo, el Ejecutivo persistirá en su intención de mantener la cartera viva. "Si el Congreso no cumple la sentencia y en estos meses no se aprueba la continuidad, se debe volver a presentar el proyecto de ley el 20 de julio (...) porque Colombia necesita una institucionalidad para la igualdad social, para la paz, y no una institucionalidad para la violencia", concluyó el jefe de Estado.
El avance de la sesión del 29 de abril determinará si el proyecto logra los votos necesarios para pasar a sus debates finales o si, por el contrario, la entidad deberá iniciar un proceso de liquidación por orden judicial.
