El Ministerio de Salud de Colombia expidió la Resolución 717 de 2026, que reglamenta la hidrólisis alcalina como método para la disposición final de cadáveres. La normativa, conocida en primicia por Blu Radio, actualiza los lineamientos de bioseguridad y gestión post mortem, permitiendo una técnica química que hasta ahora no contaba con marco legal en el país.
¿Qué establece la nueva resolución?
La disposición establece que el manejo de cuerpos deja de ser una actividad estrictamente privada para someterse al control estatal. La norma aplica a EPS, funerarias y autoridades sanitarias, dividiendo el proceso en dos etapas: la certificación médica de la defunción y la entrega del cuerpo para su destino final. Según el documento, cualquier tecnología de transformación humana debe garantizar estándares de salud pública equivalentes a los métodos tradicionales.
¿Qué es la hidrólisis alcalina?
La hidrólisis alcalina utiliza agua y soluciones alcalinas a altas temperaturas y presión para descomponer los tejidos, dejando únicamente restos óseos y un residuo líquido. Aunque la medida revive una iniciativa que se hundió previamente en el Congreso, el Gobierno decidió darle vía libre el 21 de abril de 2026.
Riesgos forenses de la hidrólisis alcalina
Expertos en medicina forense han manifestado su preocupación ante el impacto de esta tecnología en la investigación criminal. Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, advirtió que este método destruye totalmente el ADN al romper los enlaces de la molécula y desnaturalizar su estructura. “Se rompe la estructura de la molécula, la doble hélice, todos los nucleótidos y se altera la configuración química. Se destruye totalmente el ADN”, explicó Valdés.
El especialista señaló que, a diferencia de la cremación —donde es posible recuperar fragmentos biológicos—, la hidrólisis abre una “puerta legal a la clandestinidad” que podría ser aprovechada por estructuras criminales para borrar rastros de personas asesinadas, dificultando la identificación de víctimas en un país con altos índices de desaparición.
Impacto ambiental y control estatal
Pese a presentarse como una alternativa ecológica frente a la emisión de gases, expertos cuestionan su sostenibilidad. El proceso requiere entre 1.000 y 1.500 litros de agua por cada cuerpo, generando efluentes con metales pesados y residuos tóxicos. Valdés enfatizó que el control estatal es insuficiente para evitar que estos procedimientos pasen a la clandestinidad, poniendo en duda la capacidad de vigilancia sobre el destino de los residuos líquidos resultantes.
