Mientras el ministro del Interior califica las críticas como mera "bulla" y afirma que "aquí no pasa nada", Colombia asiste a un proceso electoral sin precedentes en cuanto a la intervención del gobierno a favor de su candidato, en lugar de garantizar los derechos de todos. A cambio, mediante una narrativa construida desde su posesión, ha reclamado garantías a la organización electoral con la intención de ponerla a la defensiva y, como en los trucos de magia, desviar la atención de la corrupción y los desbordamientos del propio gobierno o de hechos graves como el asesinato de un prominente candidato. Ministro: no se trata de bulla, sino de muertos y de crear miedo.
La crisis de las encuestas
Quienes hemos trabajado en análisis de encuestas en las últimas décadas nos hemos quedado sin materia prima debido a lo que ha sido, en la práctica, una veda. Antes de reformar la legislación para intentar meterlas en una camisa de fuerza, era necesaria una amplia y sesuda reflexión, como ocurrió en los años 90 en un proceso democrático y deliberativo. Un foro nacional sobre encuestas, que a este columnista le correspondió dirigir y del cual quedó como testimonio el libro "Encuestas de opinión de carácter electoral", permitió consensos básicos que excluían cualquier cortapisa a las libertades. En materia de encuestas, la única garantía exigible es la credibilidad, patrimonio fundamental de las encuestadoras. La reforma quedó mal: la ciudadanía no ha podido informarse, pero sí lo han hecho quienes pueden pagarlas sin divulgarlas. La opinión avanza a ciegas hacia las elecciones, orientada básicamente por narrativas y redes sociales.
Garantías bajo amenaza
En materia de garantías, el asunto es más complicado. Desde la llegada del actual gobierno, se ha intentado minar la credibilidad de la Registraduría por parte del ahora saliente presidente. Se ha instalado una narrativa peligrosa que pretende poner contra la pared, presionándola desde el Ejecutivo, a la organización electoral. Resulta curioso que quienes hoy alimentan esas dudas sean precisamente quienes gobiernan, controlan el presupuesto nacional, manejan la fuerza pública y participan de las instancias oficiales de seguimiento.
Mientras el presidente y sectores del oficialismo hablan de supuestos riesgos contra la transparencia por cuenta del software, en las regiones del país observamos una realidad mucho más grave: la intervención del propio gobierno en favor del candidato oficialista y las denuncias crecientes sobre presiones de grupos armados ilegales para orientar el voto.
Denuncias de intimidación
Las candidatas Paloma Valencia y Claudia López coincidieron, desde orillas ideológicas distintas, en advertir sobre hechos que deberían encender todas las alarmas. López afirmó que "están presionando en los territorios para votar por Cepeda", mientras Valencia denunció intimidaciones en zonas del Cauca y Valle del Cauca donde hombres armados estarían advirtiendo a comunidades campesinas: "el lunes venimos a ver cómo votaron aquí". Todo esto ocurre mientras el gobierno insiste en poner el foco sobre la Registraduría y no sobre el deterioro del orden público ni sobre el uso político de la administración estatal.
Un panorama tenso
Las elecciones serán probablemente las más tensas de las últimas décadas. Y no por culpa de las encuestas. Nos estamos acostumbrando a que el miedo, la presión territorial y la utilización política del Estado se conviertan en parte del paisaje. El país llega a elecciones con una economía debilitada, un déficit fiscal creciente y una profunda polarización política. Con un presidente que ningunea a las cortes, intenta arrollarlas cada vez que puede y se declara a sí mismo el poder constituyente con capacidad para nombrar un sucesor transitorio.
En ese contexto, las elecciones deberían ser una oportunidad de deliberación democrática y no un escenario de intimidación institucional o de desconfianza inducida desde un gobierno que se ha malgastado cuatro años haciendo oposición a la constitución e instituciones que le correspondía coordinar y proteger.
