A solo doce días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) emitió una advertencia técnica sobre la integridad del proceso democrático en diversas regiones de Colombia. Tras un seguimiento, el organismo detectó múltiples señales que sugieren una intromisión directa de organizaciones al margen de la ley en el ejercicio del sufragio.
Señales de interferencia en 722 puestos de votación
El reporte estadístico, que cruza los resultados de las pasadas elecciones legislativas con variables de seguridad, permitió identificar 722 puntos de votación con al menos tres indicadores atípicos convergentes. A esta cifra se adicionan 103 puestos adicionales donde las opciones de voto en blanco o nulo resultaron predominantes en municipios con un Índice de Riesgo Territorial máximo. En términos de impacto electoral, este universo comprende 327.196 sufragios efectivos y un censo habilitado que se acerca al medio millón de personas.
Control silencioso y coerción
El director ejecutivo del instituto, Carlos Augusto Chacón Monsalve, manifestó: "El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo. La observación nacional e internacional debe llegar al entorno electoral, no solo al puesto de votación. En varios territorios, estos grupos estarían condicionando cómo votan, si votan y por quién votan los ciudadanos, mediante mecanismos de coerción, vigilancia, presión comunitaria, restricciones informales y control territorial".
La investigación, denominada Veeduría Entorno Electoral 2026 y realizada junto a la Fundación Colombia 2050, desplegó a 126 observadores en 42 municipios de 15 departamentos. Los hallazgos revelan que el 86 % de estos veedores documentó situaciones anómalas en la etapa previa a la votación. Un dato relevante es que el 35 % de los reportes describe una "presencia latente" de actores armados, lo que indica un modelo de dominio donde no se requiere de violencia explícita diaria para someter a la población.
Casos específicos de vulneración
En cuanto a la evidencia física de estas interferencias, se documentaron tácticas de constreñimiento en departamentos durante la jornada del pasado 8 de marzo de 2026. En Caquetá, se utilizaron plataformas de mensajería instantánea para presionar a líderes comunales. En el Guaviare se registraron intimidaciones que limitan la movilidad de quienes apoyan ciertas campañas políticas.
"En Guapi y López de Micay, Cauca, líderes comunitarios acompañaron al elector hasta la mesa y registraron en cuadernos la opción marcada, vulnerando sistemáticamente el voto secreto. En Bajo Baudó, Chocó, se documentó constreñimiento físico y verbal a comunidades indígenas para votar en grupo; además del reparto de 'refrigerios' de 300.000 a 500.000 pesos contra entrega del certificado electoral", detalla el informe.
Extorsiones a candidatos
Varios partidos políticos informaron al ICP sobre extorsiones a sus candidatos, con cobros que oscilan entre los 500.000 y el millón de pesos para permitirles el ingreso a ciertos municipios, especialmente en Arauca, Cauca, Nariño y Chocó.
Defensoría del Pueblo alerta sobre Zonas de Ubicación Temporal
La preocupación por la libertad del sufragio se ha entrelazado con el debate sobre la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para grupos armados. La Defensoría del Pueblo, en un comunicado oficial de este martes 19 de mayo, alertó que la implementación de estas áreas en medio de un proceso electoral activo supone un desafío para la seguridad de los votantes.
El organismo advirtió que los grupos ilegales mantienen estructuras de poder local que podrían ser utilizadas para interferir en la decisión de los ciudadanos, a pesar de los compromisos públicos adquiridos en las mesas de diálogo. "Los grupos en procesos de paz se comprometieron a respetar la libertad en los procesos electorales, sin embargo, se ha evidenciado una brecha entre los anuncios públicos y la realidad de su actuación", señaló la Defensoría.
La entidad también subrayó que algunas de estas zonas están proyectadas en municipios con altos niveles de conflictividad o donde recientemente se ha deteriorado la seguridad ciudadana, citando ejemplos como Tibú en Norte de Santander, Mallama en Nariño y Tierralta en Córdoba. La Defensoría instó al Ejecutivo a evaluar estos riesgos de manera diferencial antes de proceder con el traslado y concentración de combatientes en los territorios.
Fiscalía se niega a suspender órdenes de captura contra el 'clan del Golfo'
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tomó una postura de cautela frente a las solicitudes de beneficios jurídicos para las estructuras armadas. En un comunicado previo fechado el 12 de mayo de 2026, el ente acusador informó sobre la expedición de la Resolución 142, mediante la cual se negó la suspensión inmediata de las órdenes de captura contra 29 miembros del 'clan del Golfo', organización que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (Egc).
La institución argumentó que es necesario verificar plenamente la identidad y la pertenencia de los individuos al grupo antes de conceder cualquier inmunidad. Entre los nombres incluidos en la lista gubernamental que la Fiscalía rechazó suspender se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias 'Chiquito Malo', quien tiene un trámite de extradición vigente hacia los Estados Unidos con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía enfatizó que las ZUT no deben ser interpretadas como una habilitación general de movilidad o un punto final de impunidad, sino como un medio para el desmantelamiento real de las estructuras criminales. Para ello, exigió compromisos verificables como la entrega de menores reclutados, el cese de hostilidades contra civiles y el desminado de los territorios afectados por el conflicto.
