La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme sus primeras dos decisiones en el marco del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC. Tras resolver 30 apelaciones, ahora se abre la etapa de definición de penas y reparación a las víctimas. El desafío inmediato recae sobre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, quien deberá definir cómo financiar un proceso costoso pero crucial.
Cambio de tono y compromiso estatal
Aunque durante la campaña electoral De la Espriella criticó duramente a la JEP, desde su victoria ha moderado su discurso. El presidente electo y su equipo asumirán la representación del Estado colombiano el próximo 7 de agosto, lo que implica respetar los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz. No se trató de una promesa personal de Juan Manuel Santos, sino de un compromiso de Colombia con los excombatientes y las víctimas.
El designado ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló en entrevista con Caracol Radio: “Ahora desde el gobierno no es que nosotros queramos acabar la JEP”. Aclaró que su preocupación se centra en los recursos públicos y que revisarán los gastos que no estén contemplados en el acuerdo de paz o que carezcan de soporte constitucional. Cancino prometió que las inquietudes se plantearán mediante el diálogo, respetando la independencia judicial. Este cambio de tono es celebrado por sectores que defienden la justicia transicional.
El reto financiero de las sentencias
El principal obstáculo para la implementación de las decisiones de la JEP es la falta de recursos. Según la Contraloría, se requieren al menos COP 500.000 millones para cumplir las sentencias, pero actualmente solo se dispone de COP 20.000 millones. Otras estimaciones sugieren que la cifra podría ser mucho mayor. El gobierno saliente de Gustavo Petro tampoco otorgó los fondos solicitados: para 2025, el Fondo Colombia en Paz pidió COP 1,10 billones para funcionamiento y COP 2,73 billones para inversión en 2026, pero solo recibió COP 632.233 millones en total.
El nuevo gobierno llega con una promesa de campaña centrada en la austeridad y el recorte del gasto estatal. La pregunta es cómo conciliará esa promesa con la necesidad de financiar la JEP. Los recursos son indispensables para avanzar en la reparación a las víctimas y cumplir con lo pactado.
La importancia de mantener lo avanzado
Las decisiones de la JEP que ya quedaron en firme representan un avance significativo en la justicia transicional colombiana. Estas sentencias son un ejemplo mundial de cómo reparar a las víctimas por otras vías. El nuevo gobierno puede y debe dialogar con la Jurisdicción para realizar recortes donde sea posible, pero lo innegociable es cumplir el acuerdo de paz. La palabra de Colombia como Estado está en juego.
