El proyecto de Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria y Rural enfrenta un inminente archivo en el Congreso, luego de que no se alcanzaran los debates en plenarias ni las conciliaciones antes del cierre legislativo. La iniciativa no prosperó pese al mensaje de urgencia e insistencia y al consenso alcanzado entre distintos partidos políticos dado por el Gobierno, que anunció que volverá a presentar el proyecto el próximo 20 de julio.
¿Qué pasó con la Jurisdicción Agraria?
Según el Ministerio de Agricultura, el archivo impediría completar la implementación de una reforma orientada a garantizar el acceso a la justicia de poblaciones rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras. La cartera indicó que la iniciativa será radicada nuevamente a partir del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. La fecha anunciada es el 20 de julio, cuando el Gobierno buscará reabrir el trámite legislativo.
El proyecto de Ley Ordinaria busca reglamentar las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, una jurisdicción concebida para resolver de manera especializada los conflictos sobre la tierra. Para el Gobierno, se trata de una pieza asociada al cumplimiento del acuerdo de paz de 2016.
La cartera sostuvo que, al concretarse el hundimiento, el país continuaría sin una herramienta institucional para atender de forma oportuna y especializada los conflictos agrarios que han afectado a las comunidades rurales. “La iniciativa será presentada nuevamente el próximo 20 de julio”, informó el Ministerio de Agricultura, al advertir que el trámite actual no logró avanzar antes del cierre de la legislatura.
Falta de debates y conciliaciones
Según el Ministerio, a dos días del cierre de la legislatura no fue posible culminar los debates en las plenarias de Cámara y Senado, ni adelantar las respectivas conciliaciones. Esa falta de trámite dejó la iniciativa cerca del archivo. La cartera atribuyó el resultado a maniobras que, según su posición, impidieron el debate y la aprobación del articulado. También mencionó rupturas reiteradas del quórum, inasistencias en momentos decisivos, modificaciones constantes del orden del día y dilaciones en el trámite de impedimentos.
El Ministerio agregó que durante el proceso se presentó de forma masiva un número de proposiciones que, según la cartera, obstaculizó el avance de la iniciativa. Además, sostuvo que el trámite estuvo acompañado por campañas de desinformación. “La defensa del statu quo y la desinformación impidieron un debate de fondo”, señaló el Ministerio en su pronunciamiento.
La cartera también respondió a versiones según las cuales el proyecto buscaba facilitar expropiaciones o generar inseguridad jurídica. Según el Ministerio, esas afirmaciones no corresponden al contenido del proyecto radicado ni a las ponencias positivas que resultaron del trámite legislativo.
Diálogo y concertación previa
El Gobierno defendió, además, que la propuesta fue construida con diálogo y concertación. Según Agricultura, durante más de dos años se adelantaron mesas de trabajo con Altas Cortes, academia, organizaciones campesinas, organismos de control, gremios y congresistas de distintas tendencias políticas.
Justicia rural y seguridad jurídica siguen pendientes
La Jurisdicción Agraria y Rural fue creada constitucionalmente mediante el Acto Legislativo 03 de 2023. Posteriormente, según el Ministerio, el Gobierno impulsó la Ley 2570 de 2026, que establece la estructura básica de esta jurisdicción y reglas para la selección de jueces y magistrados con formación especializada en derecho agrario. La cartera afirmó que esta es la quinta iniciativa presentada desde 2020 para reglamentar las competencias de la Jurisdicción Agraria y cumplir con el mandato del Acuerdo de Paz. Las cuatro anteriores, según el Ministerio, fueron archivadas sin éxito.
El Ministerio sostuvo que nunca antes se había avanzado tanto en la implementación de este compromiso con el campo colombiano. Para la cartera, el proyecto es necesario para atender conflictos sobre propiedad y tenencia de la tierra, proteger bienes públicos rurales y avanzar en la recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
Próximos pasos: legislativo e institucional
El Gobierno también anunció que presentará ante el Consejo Superior de la Judicatura una solicitud para implementar la Jurisdicción Agraria y Rural mediante reglas residuales de asignación de competencias vigentes y normas sustanciales y procesales del ordenamiento jurídico. Según el Ministerio, esa solicitud se formula en armonía con la Sentencia C-099 de 2026 de la Corte Constitucional, en la que se reconoció la necesidad de garantizar la puesta en funcionamiento progresiva y efectiva de esta jurisdicción.
La discusión, por ahora, queda en dos frentes. Uno será legislativo, con la nueva presentación del proyecto el 20 de julio. El otro será institucional, con la solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura para avanzar en la operación de la jurisdicción bajo reglas vigentes.
