Las elecciones presidenciales de 2026 dejaron aprendizajes que deberán ser tenidos en cuenta antes de los comicios regionales de 2027. Esa es una de las principales conclusiones del informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE), que, además de hacer un balance del proceso presidencial, identifica los riesgos que seguirán presentes y las prioridades que deberán fortalecerse para garantizar la integridad de las próximas elecciones en el país.
MOE pone el foco en el control social para las elecciones de 2027
Uno de los mensajes centrales del documento es que el foco no debe limitarse a grupos armados en determinadas regiones. Tras analizar resultados de la segunda vuelta presidencial y cruzarlos con distintos indicadores territoriales, la organización concluyó que no encontró relación estadísticamente significativa entre la presencia de estos actores y los resultados electorales obtenidos por las candidaturas en competencia.
A partir de ese análisis, la organización sostiene que el reto para las próximas elecciones será distinto y si bien reconoce que el conflicto armado continúa representando un riesgo para la democracia, advierte que las autoridades deberán concentrar mayores esfuerzos en vigilar mecanismos de control social que pueden derivar en constreñimiento político dentro de comunidades rurales.
En el documento, la MOE afirma que, ante transformaciones en las dinámicas del conflicto, resulta necesario mantener seguimiento a comportamientos de grupos armados, “específicamente relacionados con los actos de control social que pueden derivar en constreñimiento político”, con el propósito de garantizar la libertad del voto durante las elecciones de autoridades locales previstas para 2027.
Esta conclusión parte de un estudio sobre comportamiento electoral en municipios con presencia de actores armados ilegales en el que se vio que el incremento de la participación ciudadana en estas zonas durante los últimos procesos electorales refleja una movilización democrática que no puede atribuirse a presiones ejercidas por organizaciones criminales.
Incluso, el informe señala que en municipios donde un grupo armado ejerce control territorial predominan resultados electorales favorables a candidaturas opuestas, lo que desvirtúa la tesis de imposición generalizada mediante las armas. Para la MOE, estos comportamientos responden a dinámicas sociales, históricas y comunitarias propias de cada territorio.
Transparencia y confianza institucional aparecen como otra prioridad
El informe también plantea que una de las principales lecciones de la campaña presidencial tiene relación con la confianza en las instituciones electorales. Durante la segunda vuelta, la MOE identificó circulación de contenidos que buscaban instalar dudas sobre la imparcialidad de la Registraduría y reforzar narrativas de presunto fraude, especialmente en escenarios de alta polarización política.
Frente a este panorama, la organización considera indispensable fortalecer la transparencia institucional, ampliar ejercicios de pedagogía electoral y garantizar la divulgación oportuna de información verificable que permita contrarrestar la desinformación y proteger la confianza pública en los procesos electorales. Estas acciones aparecen como uno de los pilares para enfrentar las elecciones territoriales del próximo año.
El documento también deja una advertencia sobre el deterioro del debate político durante la campaña presidencial. La MOE observó un incremento en el uso de acciones judiciales, denuncias públicas y controversias jurídicas entre las campañas, situación que, según el informe, trasladó la competencia electoral hacia confrontaciones de alto impacto mediático.
Un informe preliminar que anticipa reformas al sistema electoral
Aunque el documento corresponde únicamente al balance preliminar de la segunda vuelta presidencial, la organización anticipó que elaborará un informe integral sobre el ciclo electoral de 2026, que incluirá elecciones legislativas, presidenciales y consultas realizadas durante este periodo. Ese documento contendrá un capítulo especial dedicado a reformas y ajustes normativos para fortalecer la calidad del sistema electoral colombiano.
Mientras tanto, la MOE considera que sus conclusiones ofrecen una hoja de ruta para preparar las elecciones regionales de 2027. El informe plantea que proteger la libertad del voto exigirá medidas de seguridad junto con acciones dirigidas a fortalecer la confianza ciudadana, combatir la desinformación, garantizar la transparencia institucional y monitorear nuevas formas de presión que puedan afectar el ejercicio democrático en los territorios.
