Desentrañando el modelo económico de Iván Cepeda: Entre la redistribución y el riesgo estatizante
En el actual panorama electoral colombiano, la posible candidatura de Iván Cepeda exige un análisis profundo de su propuesta económica. Sin embargo, este ejercicio se complica porque el político suele abordar el tema de manera escasa y, en sus encuentros con sectores productivos, proyecta debilidades al presentar iniciativas poco técnicas o explícitas.
Las banderas principales: Desigualdad, reforma agraria y seguridad alimentaria
Dentro de su discurso, Cepeda enfatiza constantemente tres ejes:
- La lucha contra la desigualdad económica y social.
- La implementación de una revolución agraria integral.
- El establecimiento de la seguridad alimentaria como pilar del desarrollo productivo.
Estos elementos se presentan como mecanismos para redistribuir el ingreso y superar la pobreza estructural. No obstante, el candidato suele fallar en articular estrategias concretas, derivando en propuestas obvias o, en el peor de los casos, peligrosas.
Propuestas obvias versus caminos peligrosos
Entre las medidas más predecibles que plantea, se incluyen:
- Mayor progresividad fiscal en el sistema tributario.
- Incremento de recursos fiscales destinados a inversión social.
- Compra de tierras para una reforma agraria integral.
- Fortalecimiento de las transferencias monetarias a poblaciones vulnerables.
- Promoción de la concertación con diversos actores económicos y sociales.
Lo preocupante surge cuando su discurso deriva hacia caminos peligrosos, particularmente con un marcado énfasis en la "estatización". En reuniones gremiales, Cepeda ha afirmado que "las líneas estratégicas del desarrollo económico de la nación deberían ser manejados por el estado".
El fantasma de la estatización: ¿Regreso a un pasado ineficiente?
Insistir en este modelo estatizante implica revivir el pasado colombiano, cuando servicios estatales en salud, puertos, servicios públicos, telecomunicaciones y banca se caracterizaban por:
- Mala calidad e ineficiencia operativa.
- Costos elevados y burocracia excesiva.
- Alta politización y riesgos de corrupción.
Numerosos estudios nacionales documentan sobrecostos del 40%, mayor vulnerabilidad a prácticas corruptas, insostenibilidad fiscal y servicio deficiente en empresas públicas. Volver a este esquema representa una especie de "necrofilia política", esa atracción por ideas fracasadas históricamente.
El dilema financiero: ¿Cómo pagar la estatización?
Este enfoque plantea un problema inmediato: su financiamiento. En un escenario fiscal apretado, con récords históricos en déficit y deuda pública, creer que gastar más constituye una solución carece de sensatez económica.
Algunos podrían argumentar que la respuesta está en más impuestos, pero la realidad es contundente: en los últimos tres años, la carga impositiva combinada para sociedad y empresas aumentó en 20 puntos porcentuales, provocando la salida de grandes capitales y una caída en la inversión respecto al PIB, el peor dato en dos décadas. ¡No existe margen de maniobra en esta dirección!
Consecuencias adicionales: Más regulación y apoyo a la constituyente
Además, este modelo estatizante probablemente conllevaría mayor carga regulatoria y controles de precios, como ya se observa en acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En esencia, significaría hacerle la vida imposible a empresarios y ciudadanos con normas, trabas y trámites burocráticos.
Para colmo, el candidato ha expresado apoyo a una asamblea constituyente que incluiría un capítulo sobre un nuevo modelo económico. Dicho modelo se resume en:
- Fomento de la informalidad económica.
- Pérdida de autonomía del Banco de la República, subordinando la política monetaria a la fiscal (lo que implica emisión monetaria para financiar derroche).
- Ataques al sector minero, clave para las finanzas públicas y el crecimiento nacional.
Reflexión final: ¿Alternativas sensatas?
Si Colombia desea evitar más impuestos, inflación, derroche público, menos empresas, menor empleo privado y mayor informalidad, será crucial que surjan propuestas económicas alternativas—llámense abelardonomics, palomanomics o fajardonomics—capaces de generar una narrativa más sensata.
Un camino viable debería incluir:
- Un sector productivo sólido y competitivo.
- Reducción de la carga regulatoria asfixiante.
- Aplicación de políticas macroprudentes.
- Compromiso social con ninis, microempresas, campesinos, adultos mayores y trabajadores.
El debate económico, por tanto, no solo gira en torno a las intenciones de redistribución, sino a la viabilidad y riesgos de modelos que podrían retroceder décadas de aprendizaje institucional.
