El denominado programa de gobierno de Cepeda es, en realidad, una recopilación de 433 páginas de discursos de campaña sin estructura alguna. No presenta diagnóstico, metas medibles, visión estratégica de desarrollo ni propuestas claras y viables. Su campaña, definida como “honesta y austera”, y su vínculo con movimientos sociales operan como fuentes de legitimidad de una figura pública construida sobre una supuesta superioridad moral que reemplaza la discusión técnica.
Revoluciones sin sustento técnico
El documento menciona una sucesión de revoluciones sin sustento técnico ni viabilidad ejecutable, todas ancladas en el mismo relato: pobres excluidos contra ricos excluyentes. Esa lógica tiene consecuencias concretas: los empresarios aparecen en el mismo renglón que mafias y grupos armados, sin distinción ni evidencia que sostenga tal acusación.
Vacios temáticos reveladores
Los vacíos temáticos son igualmente reveladores. El colapso del sistema de salud, con desabastecimiento de medicamentos y millones de atenciones represadas, no merece una sola línea. La crisis energética, los territorios controlados por grupos armados y el déficit fiscal más grande en décadas tampoco. En política comercial el silencio es igualmente inexcusable: en 2025 Colombia registró el mayor déficit comercial en treinta años, y no hay una sola propuesta sobre política arancelaria, fomento de exportaciones ni atracción de inversión. Lo que Cepeda presenta como política exterior no mejora el panorama: es una agenda de solidaridades ideológicas sin ningún vínculo con los intereses económicos del país. La misma lógica aparece en su crítica a la contratación pública, donde los requisitos legales son presentados como obstáculos injustificados para organizaciones comunitarias, desconociendo su función básica de garantizar trazabilidad, capacidad institucional y responsabilidad contractual.
Problemas de rigor jurídico
Hay además un problema de rigor jurídico. Cepeda presenta como hechos probados acusaciones sin respaldo en ninguna sentencia en firme. Uribe fue condenado en primera instancia por soborno y fraude procesal, absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, y el proceso sigue abierto con recurso de casación ante la Corte Suprema. No existe ninguna sentencia en firme por parapolítica ni narcopolítica, que son tipos penales completamente distintos. Un candidato que desconoce conceptos básicos del derecho penal procesal no tiene el rigor jurídico mínimo que exige la jefatura de un Estado de derecho. La paradoja es que el mismo documento proclama, en varias oportunidades, que su campaña no recurrirá a calumnias ni difamaciones.
Patrón clásico de la izquierda tradicional
En conjunto, su discurso responde al patrón clásico de la izquierda tradicional: diagnóstico moral, redistribución como solución, desconfianza hacia el sector privado y superioridad ética que no admite autocrítica. Una trayectoria política sin una sola iniciativa de peso en economía, salud o competitividad no puede sustentar una propuesta capaz de responder a los problemas urgentes del país.
