El proyecto de ley que buscaba reglamentar la Jurisdicción Agraria y Rural se hundió en el Congreso de la República, dejando en pausa una iniciativa que el Gobierno considera clave para resolver los conflictos relacionados con la tierra en Colombia. La propuesta, que pretendía crear un sistema especializado con competencias propias para atender disputas sobre la tierra, la actividad rural y las controversias en el campo, no logró el respaldo necesario en el Legislativo.
Ministra de Agricultura critica la falta de discusión
Tras conocerse el resultado, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expresó su preocupación por la ausencia de un debate profundo en el Congreso. La funcionaria señaló que lo más grave es que no se permitió una deliberación amplia sobre las distintas posiciones frente al proyecto, lo que impidió que el país conociera los argumentos a favor y en contra. Carvajalino también cuestionó la postura de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), a la que calificó de “tajante” y “cerrada al diálogo”.
Posición del gremio agropecuario
La ministra afirmó que la Presidencia de la SAC mantuvo una posición intransigente durante el trámite legislativo, lo que cerró espacios para encontrar una ruta de concertación. “Lo grave acá es que no se haya logrado la discusión de fondo porque no se le permitió al país conocer las distintas posiciones”, declaró Carvajalino. Agregó que desde el Gobierno lamentan las posiciones que calificó como intransigentes y que no encontraron espacio para el diálogo ni para construir una salida frente a una propuesta que considera importante para el campo colombiano.
Importancia de la Jurisdicción Agraria y Rural
La iniciativa buscaba establecer un marco institucional más claro para resolver los conflictos sobre la tierra, un tema central en las disputas sociales, productivas y jurídicas del país. La reglamentación de esta jurisdicción se planteaba como un paso para dar mayor certeza a comunidades rurales, productores y actores vinculados al sector agropecuario. Sin embargo, el trámite no consiguió el respaldo necesario para seguir adelante.
Debate aplazado para la próxima legislatura
El hundimiento del proyecto no cierra definitivamente el debate, pues la iniciativa será presentada de nuevo en la próxima legislatura. Esto abre la puerta a una nueva discusión política y sectorial sobre el alcance de la Jurisdicción Agraria y Rural. La ministra Carvajalino dejó claro que el Gobierno considera que el debate debe retomarse y que antes de archivar una iniciativa de este alcance, el país debería poder conocer las posiciones de los distintos sectores y evaluar los argumentos de fondo.
Impacto en el campo colombiano
La reglamentación de esta jurisdicción no es un asunto meramente técnico. Su avance o hundimiento puede incidir en la manera como se tramitan disputas sobre predios, tenencia, uso y distribución de la tierra. También puede influir en la confianza de quienes viven, producen o invierten en el campo. La ministra insistió en que la iniciativa tenía un propósito de fondo: avanzar en mecanismos institucionales que ayudaran a “devolverle la dignidad al campo colombiano”.
Por ahora, la Jurisdicción Agraria y Rural queda como una discusión pendiente. El Congreso no le dio paso en esta legislatura y el Gobierno prepara su regreso al debate legislativo. La tierra, una vez más, queda en el centro de una conversación que no solo define normas, sino también la capacidad del país para resolver los conflictos rurales por vías institucionales.
