Un tribunal federal de comercio de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales del 10% impuestos por el presidente Donald Trump, lo que representa un nuevo revés para su agenda económica. La decisión, emitida el jueves por un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional en Manhattan, aceptó una demanda presentada por pequeñas empresas y dos docenas de estados, en su mayoría gobernados por demócratas.
Apelación del gobierno
El Departamento de Justicia notificó el viernes al tribunal que apelará el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. El gobierno había impuesto los aranceles en febrero, amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una medida nunca antes utilizada. El tribunal bloqueó la aplicación de los aranceles únicamente contra las dos empresas demandantes y el estado de Washington, al considerar que los demás estados carecían de legitimación procesal por no ser importadores directos.
Reacciones de Trump y funcionarios
Trump declaró a los periodistas que el fallo provenía de "jueces de izquierda radical" y que no le sorprendía. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, expresó confianza en que ganarán la apelación, argumentando que la ley debe interpretarse de manera que pueda aplicarse. Por su parte, Jay Foreman, ejecutivo de Basic Fun Inc., una de las empresas demandantes, elogió la decisión y señaló que su compañía ha pagado más de US$100.000 en aranceles desde que entraron en vigor.
Impacto económico
Según datos de la coalición We Pay the Tariffs, las autoridades aduaneras recaudaron aproximadamente US$8.000 millones en aranceles bajo la Sección 122 solo en marzo. Dan Anthony, líder de la coalición, calificó el fallo como una buena noticia para las pequeñas empresas, aunque consideró que el tribunal debería haber bloqueado el cobro durante la apelación.
Fundamentos legales del fallo
El tribunal rechazó el argumento del gobierno de que los "déficits de balanza de pagos" eran una frase ambigua, concluyendo que la proclamación de Trump no especificaba la existencia de tales déficits según la ley de 1974, sino que se refería a "déficits comerciales y de cuenta corriente". Los jueces Mark A. Barnett y Claire R. Kelly conformaron la mayoría, mientras que Timothy C. Stanceu emitió un voto disidente.
Contexto de la disputa arancelaria
Este fallo se suma a un anterior revés cuando la Corte Suprema anuló los aranceles previos de Trump, impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa). En ese caso, los magistrados determinaron que Trump se había extralimitado, desencadenando una batalla legal por reembolsos de casi US$170.000 millones. La administración ahora trabaja en un nuevo plan arancelario bajo la Sección 301, que podría tardar meses en implementarse.
Implicaciones políticas
La decisión del tribunal coloca a Trump en una posible desventaja de cara a la cumbre con el presidente chino Xi Jinping, al restringir su capacidad para imponer aranceles unilateralmente. La Sección 122 permite aranceles de hasta 15% durante 150 días ante problemas de pagos internacionales, pero los demandantes argumentaron que la ley quedó obsoleta tras el abandono del patrón oro.
Los estados demandantes también señalaron que los aranceles violaban requisitos de no discriminación, al eximir productos de Canadá, México y varios países centroamericanos. Además, la administración Trump había admitido en litigios previos que los déficits comerciales son conceptualmente distintos de los déficits de balanza de pagos.
Proceso de reembolsos
Mientras tanto, la batalla legal por los reembolsos de los aranceles de la Ieepa se intensifica. Un juez del Tribunal de Comercio Internacional supervisa el proceso, y la Oficina de Aduanas lanzó un portal de reembolsos a finales de abril. Persisten dudas sobre el alcance de las reclamaciones y si los consumidores podrán recurrir contra empresas que aumentaron precios para cubrir los costos arancelarios.
Los casos son Oregon v. Trump, 26-cv-1472, y Burlap and Barrel Inc. v. Trump, 26-cv-1606, en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan.
