En medio de las dificultades que enfrenta el Congreso para sesionar con normalidad, el Gobierno Nacional dio un paso formal para activar mecanismos sancionatorios contra los legisladores ausentes.
Solicitud oficial del ministro
El ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó oficialmente a las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes recopilar y remitir los listados de inasistencia, con el objetivo de evaluar eventuales procesos de pérdida de investidura. La iniciativa abre la puerta a sanciones que van desde descuentos salariales hasta la eventual pérdida de la curul.
Contexto de la medida
La petición, divulgada por el propio ministro a través de su cuenta en X, se produce en un contexto de reiteradas interrupciones en las sesiones legislativas por falta de quórum. Según el Ejecutivo, esta situación está frenando el avance de proyectos clave para el país. Benedetti enfatizó que la ausencia reiterada de congresistas afecta la democracia y el cumplimiento de las funciones del Legislativo.
La medida ha generado reacciones divididas entre los partidos políticos. Mientras algunos respaldan la iniciativa como una forma de garantizar la responsabilidad de los legisladores, otros la consideran una presión del Gobierno sobre el Congreso. La solicitud formal incluye la entrega de los registros de asistencia de las últimas sesiones, así como las justificaciones presentadas por los ausentes.
El proceso de pérdida de investidura está contemplado en la Constitución y la ley, y puede ser iniciado por el Ministerio del Interior o por cualquier ciudadano. Sin embargo, la decisión final recae en el Consejo de Estado, que debe evaluar cada caso de manera individual. Benedetti aclaró que no se trata de una persecución política, sino de un mecanismo para fortalecer la institucionalidad.
Esta no es la primera vez que el Gobierno plantea sanciones por inasistencia. El presidente Gustavo Petro ya había solicitado en ocasiones anteriores que se tomaran medidas contra los congresistas que no asisten a las sesiones. La diferencia ahora es que la solicitud se ha formalizado por escrito, lo que obliga a las mesas directivas a responder y a iniciar los trámites correspondientes.
La opinión pública también ha reaccionado. Sectores ciudadanos consideran que la medida es necesaria para combatir la impunidad y mejorar la eficiencia del Congreso. Sin embargo, algunos analistas advierten que podría generar un ambiente de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un momento en que se requieren acuerdos para sacar adelante reformas clave.
El ministro Benedetti concluyó su mensaje reiterando que el Gobierno está comprometido con la transparencia y el cumplimiento de la ley, y que espera que el Congreso actúe con responsabilidad. La pelota está ahora en la cancha de las mesas directivas, que deberán decidir cómo proceder con la solicitud.
