La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte de Colombia han abierto una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección. Este proceso podría invalidar más de 5,8 millones de comparendos y permitir que los ciudadanos que ya pagaron estas multas reclamen la devolución de más de 1 billón de pesos.
Irregularidades detectadas en las cámaras de fotomultas
La investigación se centra en el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, que regulan los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST). Según la SuperTransporte, se encontraron tres irregularidades principales:
- 12 organismos de tránsito iniciaron operaciones sin contar con el concepto de desempeño obligatorio emitido por el Instituto Nacional de Metrología.
- 7 entidades operaron con conceptos expedidos a terceros.
- 18 organismos obtuvieron los certificados después de haber comenzado a imponer comparendos.
Las autoridades de tránsito involucradas incluyen ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Valledupar, Villavicencio, Montería, Sincelejo, Sabaneta, Soledad y Villa del Rosario, entre otras.
Declaraciones del Gobierno
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó que la decisión busca garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los conductores. "Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias", declaró.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, explicó que las actuaciones administrativas no buscan desmontar el sistema de fotodetección, sino verificar que las cámaras funcionen dentro del marco legal. "No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana", señaló.
Impacto de la investigación
Según la Superintendencia, los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas tecnológicos. De estos, 5.832.906 comparendos aún no han sido pagados y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito. Esta decisión podría beneficiar a más de 1,4 millones de ciudadanos con sanciones pendientes.
Las cifras más altas de comparendos investigados se concentran en:
- Cali: cerca de 2,7 millones.
- Medellín: más de 717.000.
- Bogotá: aproximadamente 294.000.
- Barranquilla: más de 131.000.
Devolución de dinero para quienes ya pagaron
Uno de los puntos más importantes es la situación de los conductores que ya pagaron las multas. La SuperTransporte confirmó que 1.582.398 comparendos fueron pagados, lo que representa recaudos superiores a 1,05 billones de pesos. Sin embargo, la devolución no será automática, ya que la Superintendencia no tiene competencia para reintegrar directamente el dinero, pues los recursos fueron recaudados por las secretarías y organismos de tránsito territoriales.
Los ciudadanos deberán iniciar trámites individuales ante cada autoridad local para reclamar la devolución. Expertos recomiendan acudir a las secretarías de tránsito correspondientes, argumentando que los comparendos fueron impuestos en periodos donde los sistemas de fotodetección no cumplían los requisitos legales. En algunos casos, podría ser necesario contar con acompañamiento de abogados especializados en derecho administrativo para solicitar la nulidad de las actuaciones y el reintegro de los recursos.
Posibles sanciones para las autoridades locales
Además de la anulación de comparendos, los organismos de tránsito investigados podrían enfrentar sanciones económicas. La SuperTransporte señaló que las multas podrían equivaler al doble de los recursos recaudados irregularmente, superando los 2,1 billones de pesos, según lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
La investigación también reabre el debate sobre el uso de fotomultas en Colombia y la importancia de los controles técnicos. El concepto de desempeño del Instituto Nacional de Metrología es un requisito central, ya que certifica que los equipos cumplen condiciones de precisión y confiabilidad para detectar infracciones.
La Superintendencia y el Ministerio de Transporte anunciaron que continuarán revisando otros sistemas de fotodetección en el país para verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas y legales.
