Empresa de servicios públicos de San Gil enfrenta crisis financiera prolongada
La empresa de servicios públicos de San Gil, conocida como Acuasan, ha completado otro año con cifras en rojo, profundizando una crisis financiera que ya lleva dos años consecutivos. La situación ha generado preocupación entre los habitantes del municipio, quienes se preguntan si la entidad será intervenida por las autoridades competentes.
Debate político suspendido sin explicaciones
El Concejo Municipal de San Gil suspendió el debate de control político en el que se esperaba escuchar las explicaciones de los directivos de Acuasan sobre la delicada situación financiera. La sesión quedó pendiente de reprogramación, sin fecha confirmada para las próximas sesiones ordinarias de mayo.
La gerente de la empresa, Diana Patricia Rojas Porras, fue consultada por medios locales pero solicitó plazo para entregar sus declaraciones, dejando sin respuestas inmediatas las inquietudes sobre el manejo de la entidad.
Pérdidas históricas y déficits alarmantes
Según documentos contables, Acuasan registra pérdidas superiores a los $1.000 millones por segundo año consecutivo, un hecho histórico para la empresa. La veeduría Colombia Digna y Transparente presentó una denuncia ante la Contraloría donde señala:
- Un déficit presupuestal que superaría los $2.000 millones
- Cuentas por pagar que superan los $5.000 millones
- Falta de recursos suficientes en caja para solventar obligaciones
Juan Alberto Rodríguez Forero, contador público y especialista en revisoría fiscal, explicó que estos indicadores revelan pérdidas considerables y una posible falla en la planeación presupuestal de la empresa.
Gasto superior a los ingresos
La veeduría advierte que Acuasan continúa gastando más de lo que ingresa por los servicios que presta como entidad 4A, que incluyen acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público con gestión energética. Este patrón se mantiene a pesar de que en 2024 la contraloría ya había evidenciado un hallazgo administrativo de déficit por 300 millones de pesos.
"Lo más preocupante es que se comprometan recursos mal planificados, que no existen; no están siendo responsables en la planeación presupuestal", añadió Rodríguez Forero durante su análisis de la situación.
Deficiencias contables y riesgos regulatorios
En el informe de revisoría fiscal, Fabio Millán Morales identificó deficiencias significativas en la contabilidad por componente, específicamente en la asignación de costos operativos entre los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta situación genera una distorsión en la información financiera que dificulta evaluar la eficiencia operativa individual de cada servicio.
Millán Morales alertó que estas deficiencias podrían representar un riesgo de cumplimiento frente a los marcos regulatorios de costos y tarifas vigentes, exponiendo a la empresa a posibles sanciones adicionales.
Posibles sanciones y malos manejos
Desde la veeduría se advirtió sobre inconsistencias que dejan dudas sobre el manejo de recursos, incluyendo:
- Falta de pago oportuno a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) por la tasa retributiva por vertimientos
- Multa de $12 millones pagada a la anterior gerente, Karen Cediel, por no liquidarla a tiempo
- Sanción por $235 millones pagada en 2025 a la Superintendencia de Servicios Públicos por malos manejos
Estos gastos adicionales agravan la ya delicada situación financiera de la empresa.
Déficit mayor al reportado inicialmente
En un revelador ajuste contable, se determinó que el déficit de 2024 fue mayor al reportado inicialmente. Mediante un proceso de reexpresión contable bajo la Resolución 414 de 2014, el déficit oficial habría quedado en $2.623 millones, producto de un saneamiento que incluyó:
- Ajuste a la depreciación acumulada de bienes
- Diferencias de inventarios
- Provisiones laborales
- Ajuste del impuesto de renta de 2022
Este proceso se realizó para corregir errores de vigencias anteriores, según explicaron en las notas de la revisoría fiscal.
Riesgo de intervención inminente
La principal preocupación que surge de esta crisis financiera prolongada es la posibilidad de que la Superintendencia de Servicios Públicos intervenga la empresa. De continuar los malos resultados y las deficiencias en la gestión, Acuasan podría enfrentar medidas correctivas por parte de las autoridades de control.
La situación de Acuasan representa un desafío significativo para la prestación de servicios públicos esenciales en San Gil, mientras las explicaciones oficiales continúan pendientes y la comunidad espera soluciones concretas a esta crisis institucional.
