Contraloría expone derroche gubernamental en medio de emergencias declaradas
La Contraloría General de la República ha emitido un informe contundente que revela cifras alarmantes sobre el manejo de recursos públicos durante el primer mes de 2026. Según el organismo de control, solamente en enero de ese año el Gobierno nacional suscribió más de 164.000 contratos por un valor total que asciende a 14,8 billones de pesos.
Emergencias como excusa para gastos extraordinarios
El análisis de la Contraloría señala un patrón preocupante: el Gobierno parece utilizar las declaratorias de emergencia como justificación para activar facultades constitucionales extraordinarias que le permiten imponer impuestos mediante decretos, sin pasar por el Congreso de la República.
La más reciente ola invernal, que ha causado daños significativos y dejado numerosos damnificados en varias regiones del país, ha servido como pretexto para esta estrategia. Sin embargo, expertos cuestionan si realmente se cumplen todos los criterios constitucionales requeridos para tales medidas:
- Hechos sobrevinientes y extraordinarios
- Gravedad e inminencia comprobadas
- Insuficiencia demostrada de las medidas ordinarias
Sistema de gestión de riesgos desatendido
Desde el año 2011, Colombia cuenta con un sistema de gestión integral del riesgo de desastres y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), creados precisamente para que las facultades extraordinarias fueran consideradas como última opción, no como primera alternativa.
"El cambio climático y sus efectos son una realidad permanente que seguirá generando emergencias", explica el informe. "Esto significa que tales situaciones no necesariamente pueden calificarse como extraordinarias y, por tanto, deberían atenderse con recursos y facultades ordinarias".
Recursos disponibles pero mal administrados
La Contraloría destaca que el Gobierno ha contado con los mayores presupuestos y recaudos fiscales de los últimos años, pero en lugar de fortalecer el sistema de atención de desastres, ha optado por la improvisación. No ha destinado recursos suficientes a la Ungrd, ha permitido el derroche y ha facilitado espacios para la corrupción.
"Recursos hay, incluso de fuentes ordinarias", señala el documento. "Simplemente no se usan en lo que corresponde. La Contraloría ha documentado cómo, además de los 14,8 billones en contratos de enero de 2026, se han malutilizado otros recursos durante los últimos tres años con fines politiqueros".
Impuesto al patrimonio: solución cuestionada
Frente a la emergencia invernal, el Gobierno pretende recaudar 8 billones de pesos mediante un impuesto al patrimonio que afectaría principalmente a las grandes empresas. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún estudio técnico que demuestre que esta cifra sea adecuada y razonable para atender la crisis.
"Parece una cifra sacada del cubilete", critica el informe, "para reemplazar los impuestos que no fueron aprobados por el Congreso o que no se recaudarían ante la eventual ilegalidad de la última emergencia declarada".
Expertos económicos señalan alternativas que podrían implementarse:
- Reasignaciones presupuestales dentro del mismo Gobierno
- Recortes de gastos en áreas burocráticas
- Utilización de regalías no ejecutadas
Consecuencias para el desarrollo económico
El impuesto al patrimonio propuesto, que alcanzaría hasta el 1,2% para las empresas más grandes del país, genera preocupación entre analistas. Estas empresas son precisamente las que generan el mayor volumen de impuestos y empleo formal en Colombia.
"El presidente se equivoca al satanizar a las grandes empresas y la acumulación de capital", advierte el informe. "Estos elementos son claves para la reinversión y el bienestar general de la población. Además, desafía constantemente la institucionalidad al utilizar las emergencias para decretar impuestos, cuando estas situaciones podrían atenderse con gerencia y planeación adecuadas mediante facultades y recursos ordinarios".
La Contraloría concluye que el verdadero problema no es la atención a las emergencias, que es necesaria e impostergable, sino el uso estratégico de estas situaciones para eludir controles institucionales y justificar gastos que podrían manejarse dentro del marco ordinario de la administración pública.
