La Procuraduría General de la Nación ha identificado serias deficiencias en los procesos de restablecimiento de derechos de la infancia y adolescencia en Colombia, según una recolección técnica de información realizada durante 2025. El ente de control señaló que estas fallas han provocado que un número significativo de menores permanezca largos periodos en el sistema de protección, retrasando decisiones sobre su reintegración familiar o la posibilidad de ser adoptados.
Debilidades institucionales detectadas
De acuerdo con el informe de la Procuraduría, se encontraron debilidades institucionales, demoras en la resolución jurídica de los casos y falta de personal en las defensorías de familia. Además, se alertó sobre limitaciones en las modalidades de atención inicial, especialmente en hogares de paso y centros de emergencia.
Procesos fuera de los parámetros legales
El organismo también evidenció que algunos procesos administrativos no se adelantan conforme a la ley y, en ciertos expedientes, no son remitidos oportunamente a las autoridades judiciales competentes. Esto prolonga la incertidumbre jurídica de los menores involucrados.
Los procesos con altas permanencias sin justificación normativa o sin actualización en el Sistema de Información Misional (SIM) se concentran principalmente en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. La Procuraduría reportó 7.963 casos en Bogotá, 4.594 en Valle del Cauca y 1.401 en Antioquia.
Casos de alta permanencia
En el informe también se identificaron 1.411 procesos con presunta alta permanencia durante 2023, de los cuales 1.082 están actualmente en verificación por parte de la Procuraduría.
Plan de intervención nacional
Ante esta situación, la entidad anunció un plan de intervención nacional para acelerar la respuesta institucional. Las medidas incluyen solicitudes a las regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para resolver de inmediato los expedientes pendientes, la depuración del SIM y el traslado de casos a los jueces de familia cuando corresponda.
La Procuraduría advirtió que podrían iniciarse actuaciones disciplinarias por las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de los procesos.
