El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este miércoles la sanción contra la campaña presidencial que llevó al poder a Gustavo Petro en 2022, tras rechazar los recursos presentados por los implicados por la presunta violación de los topes de financiación y el ingreso de aportes prohibidos.
Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la autoridad electoral ratificó la decisión adoptada en primera instancia en agosto y posteriormente apelada. El fallo, sustentado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, confirma las irregularidades detectadas durante el proceso electoral de 2022.
CNE ratifica sanción por violación de topes de campaña presidencial
La decisión implica que quedan en firme las sanciones administrativas contra Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña y se desempeñaba como presidente de Ecopetrol; la extesorera Lucy Aydee Mogollón; y la auditora María Lucy Soto Caro. De acuerdo con el CNE, los implicados no lograron desvirtuar los hallazgos relacionados con la financiación electoral ni justificar adecuadamente los movimientos cuestionados.
La autoridad electoral concluyó que la campaña superó los límites de gasto permitidos por la ley y recibió recursos de fuentes prohibidas durante las dos vueltas presidenciales. Entre las irregularidades identificadas se encuentran la no declaración de aportes y la superación de los topes por más de 3.500 millones de pesos, equivalentes a unos 900.000 dólares.
Irregularidades en financiación y aportes no declarados en elecciones 2022
El caso se remonta a una investigación abierta en 2023 a partir de una denuncia que derivó en la formulación de cargos en 2024. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por un alto nivel de controversia política e institucional, debido a las implicaciones que tiene sobre la legitimidad del financiamiento de la campaña presidencial que resultó ganadora en las urnas.
La confirmación de la sanción se produce luego de que la sala plena del CNE analizara y negara los recursos de reposición y apelación interpuestos por los sancionados. Esta decisión deja sin efecto cualquier posibilidad de revisión dentro del organismo electoral, lo que convierte la sanción en una medida definitiva en el ámbito administrativo y de obligatorio cumplimiento para los involucrados.
Cierre de vía administrativa y posibles acciones judiciales
El presidente Gustavo Petro ha rechazado en distintas ocasiones las conclusiones del CNE y ha sostenido que el proceso responde a una persecución en su contra. Incluso, ha llegado a calificarlo como un intento de “golpe de Estado”.
En decisiones previas relacionadas con este caso, la Corte Constitucional excluyó al mandatario de la investigación, al determinar que, por su condición de jefe de Estado, cualquier indagación en su contra corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Este elemento ha sido clave en la delimitación del alcance de las responsabilidades dentro del proceso.
Con la ratificación de la sanción, se cierra la etapa administrativa dentro del CNE, pero se abre la posibilidad de que los sancionados acudan a instancias judiciales para controvertir la decisión. Este escenario prolongaría la disputa en otros frentes legales, manteniendo vigente un caso que se posiciona como uno de los más debatidos en el panorama político en Colombia.
