La Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de cárcel y ordenó la captura del exgobernador de Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán, por su responsabilidad en actos de corrupción relacionados con dos contratos para la adquisición de juguetes y elementos lúdicos destinados a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el departamento.
Detalles de la condena
La Sala Especial de Primera Instancia declaró a Guzmán culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción. La investigación determinó que el exmandatario fraccionó de manera irregular un convenio con el objetivo de eludir un proceso de licitación pública. Además, utilizó recursos que tenían una destinación específica para pensiones con el fin de financiar iniciativas navideñas, las cuales no guardaban relación alguna con la seguridad social.
Irregularidades en la contratación
Según el fallo, el proyecto fue registrado el 9 de diciembre de 2008 ante la Secretaría de Planeación Departamental con un único objeto. Sin embargo, posteriormente fue dividido en dos convenios de menor cuantía para aparentar legalidad y evitar el proceso licitatorio que la ley exigía por el valor total del contrato. La Fiscalía sostuvo que no existía ninguna razón válida para dividir los convenios por municipios beneficiarios, y que esta maniobra vulneró principios esenciales de la contratación pública como la transparencia, la economía, la responsabilidad y la selección objetiva.
Responsabilidad del exgobernador
La Corte acogió la tesis de la Fiscalía y concluyó que el entonces gobernador direccionó personalmente la estrategia contractual y presupuestal. El fallo menciona que seis días antes de la expedición de uno de los decretos cuestionados, Guzmán presidió un consejo de gobierno en el que se discutió la crisis social derivada de la caída de DMG y las medidas para enfrentar el impacto en la región. Aunque el alto tribunal reconoció que las decisiones pudieron estar motivadas por un propósito altruista frente a la difícil situación social, advirtió que esto no eliminaba la ilegalidad de las actuaciones.
Instrumentalización del derecho
La Sala señaló que el proceder de Guzmán no solo denota desprecio por la función pública y por los principios que la rigen, sino que revela una actitud de abierta instrumentalización del derecho. El entonces mandatario utilizó el aparato institucional para legitimar actuaciones abiertamente contrarias al ordenamiento. El fallo también cuestiona que recursos destinados exclusivamente al sistema pensional terminaran trasladados a proyectos navideños creados por la administración departamental, pese a que existían reglas claras sobre su uso restringido.
Absolución de otro implicado
En contraste, la Corte absolvió a Camilo Augusto Otaya Díaz, quien se desempeñaba como gobernador encargado en la época. Aunque había sido acusado por autorizar un avance presupuestal para la compra de insumos y por participar en reuniones donde se socializó la estrategia contractual, la Sala concluyó que la Fiscalía no logró probar su responsabilidad penal.
