Contralor critica doble moral del Gobierno en uso de recursos públicos
Contralor critica doble moral del Gobierno en uso de recursos

En medio del caldeado ambiente electoral, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, el procurador general, Gregorio Eljach, el registrador nacional, Hernán Penagos, el presidente del Consejo Nacional Electoral y el ministro de Defensa se reunieron en un foro organizado por la Contraloría y la revista Cambio. Durante el evento, advirtieron que la desinformación y el uso político de los recursos públicos podrían convertirse en dos de los mayores riesgos para las elecciones de 2026.

Crítica a la doble moral

En un panel sobre garantías electorales y democracia, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, cuestionó la “doble moral” que, según dijo, afecta tanto al Gobierno Nacional como a distintos sectores políticos en cuanto a la participación en política y el manejo de recursos públicos. “Lo que nos mata es la doble moral”, afirmó el jefe del ente de control. Y lanzó una crítica transversal: “La oposición critica lo que hacía cuando estaba en el gobierno y el gobierno hace lo que criticaba cuando era oposición”.

Rodríguez explicó que la Contraloría tiene facultades fiscales relacionadas con la vigilancia del presupuesto público y la recuperación de recursos que eventualmente hayan sido destinados de forma indebida. Sin embargo, aclaró que no tiene competencia para frenar de manera inmediata actuaciones del Ejecutivo. “El contralor no tiene la competencia constitucional para decirle (al presidente) ‘no lo haga’”, señaló.

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Control posterior y preventivo

Según explicó, tras la Constitución de 1991 el control dejó de ser previo y pasó a ser posterior, aunque el Acto Legislativo 04 de 2019 introdujo herramientas de control preventivo y concomitante. Aun así, insistió en que las advertencias de la Contraloría no tienen carácter obligatorio y funcionan como alertas frente a posibles faltas disciplinarias o penales. “El llamado es a entender que la vida continúa. Estamos a 15 días de sacar adelante las elecciones y no ha sido una tarea sencilla. El mensaje es de mucha responsabilidad para los servidores públicos en el uso del lenguaje, pero pasar de expresar dudas a atribuir una intención de causar daño a quienes representan la institucionalidad no existe”, puntualizó el contralor.

Desinformación: el mayor riesgo

La otra gran preocupación del panel fue la desinformación. El procurador general, Gregorio Eljach, advirtió que, aunque en Colombia no ha sido necesario repetir elecciones por fraude, sí existe un fenómeno creciente de narrativas que buscan golpear la confianza en el sistema electoral. “El mayor problema de estas elecciones no es el fraude, es la desinformación”, aseguró. Eljach también pidió revisar las condiciones sociales y políticas que han permitido el auge de creadores de contenido que, sin experiencia ni trayectoria legislativa, terminan alcanzando altas votaciones y curules en el Congreso.

A esa preocupación se sumó el registrador nacional, Hernán Penagos, quien alertó sobre el impacto que pueden tener esas narrativas en un país marcado por la violencia política. “No me preocupa frente a la Registraduría, sino frente a la misma sociedad”, dijo Penagos. Y agregó: “Que se enfrenten jurados contra testigos, jurados contra militantes de partidos y terminemos animando una tragedia”.

Desinformación genera muerte

El registrador aseguró que, en Colombia, “la desinformación genera muerte” y rechazó las versiones según las cuales existirían riesgos de fraude por la no entrega del código fuente del sistema electoral, afirmación que calificó como falsa. Penagos explicó que el código será congelado en presencia de todos los partidos políticos y de la observación electoral, y que esa contraseña será entregada a los representantes de las colectividades para que certifiquen que no ha sido alterado.

Las elecciones están programadas para el 31 de mayo. Los funcionarios hicieron un llamado a la responsabilidad de los servidores públicos en el uso del lenguaje y a evitar la propagación de desinformación que pueda afectar la confianza en el proceso electoral.

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