La corrupción se consolida como principal preocupación nacional
En medio de un tenso intercambio virtual entre el presidente de la República y el exministro de Salud Alejandro Gaviria, que ha revelado acusaciones de extrema gravedad, surge una preocupante realidad estadística: al menos uno de cada tres colombianos (37,8%) considera que la corrupción representa el problema más importante del país.
Datos que revelan una percepción alarmante
La reciente encuesta de la firma AtlasIntel muestra resultados sorprendentes donde la corrupción supera ampliamente a otras preocupaciones tradicionales:
- Inseguridad y narcotráfico: 25%
- Salud: 12,3%
- Desempleo y pobreza: 9,4%
Estos números demuestran que, aunque esta percepción no se originó en el actual gobierno, sí se ha intensificado significativamente debido a la sucesión de escándalos que contrastan con el discurso oficial de lucha contra este flagelo.
Retroceso en índices internacionales
La situación se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia Internacional para 2025, donde Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 99 entre 182 países evaluados. Esto representa un claro retroceso respecto a 2024, cuando el país ocupaba la posición 92 con 39 puntos.
Acusaciones de un exministro que conocen el Estado
Las graves imputaciones formuladas por Alejandro Gaviria, quien calificó al gobierno actual como "el más corrupto de la historia reciente de Colombia", adquieren especial relevancia por provenir de alguien con profundo conocimiento del funcionamiento estatal, tanto por su formación académica como por su experiencia en cargos públicos.
El exministro señaló específicamente casos de presunta corrupción en:
- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)
- Fomag
- Fiduprevisora
- EPS intervenidas
- Proyectos de infraestructura en salud
Respuesta presidencial que genera más preguntas
La réplica del presidente, limitada a una diatriba en la red social X donde contraatacó mencionando casos de corrupción en gobiernos anteriores junto con violaciones de derechos humanos y paramilitarismo, ha sido considerada insuficiente por analistas y observadores.
Expertos coinciden en que hubiera sido más constructivo que el mandatario respondiera puntualmente a cada una de las acusaciones específicas formuladas por su exministro, especialmente aquellas relacionadas con entidades estatales y proyectos de salud.
Legitimidad institucional en juego
La falta de una respuesta detallada y sustancial desde el gobierno genera preocupación sobre la respetabilidad y legitimidad de la institución presidencial. Existe el riesgo de que se cree la percepción de que se busca distraer a la opinión pública en lugar de enfrentar las acusaciones con transparencia.
La situación actual plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad del Estado para combatir efectivamente la corrupción cuando las acusaciones provienen desde dentro del mismo gobierno, especialmente cuando estas coinciden con la percepción mayoritaria de la ciudadanía reflejada en encuestas recientes.
