La Ley de Garantías: De muro de contención a rampa de lanzamiento para el gasto público
En Colombia, cada cuatro años se repite un fenómeno preocupante que parece haberse convertido en una práctica institucionalizada. La Ley de Garantías, concebida originalmente como un mecanismo de protección del erario público durante los períodos electorales, ha sido sistemáticamente evadida por administraciones en todos los niveles del Estado.
La carrera por firmar contratos antes del silencio electoral
Durante los cuatro meses previos a las elecciones, las entidades públicas desde la Presidencia de la República hasta los municipios más pequeños del país experimentan lo que algunos han denominado "un ataque de eficiencia administrativa". Esta súbita productividad se manifiesta en una frenética actividad contractual que incluye incluso la declaración de días festivos como hábiles para poder suscribir documentos.
Las cifras son alarmantes: se han registrado más de 544.000 contratos firmados apresuradamente, alcanzando la astronómica suma de 37 billones de pesos. Para dimensionar adecuadamente esta cantidad, basta compararla con los 8 billones que el Gobierno Nacional espera recaudar mediante la Emergencia Económica destinada a atender la crisis invernal que afecta a ocho departamentos del país.
La omisión de Santander y el contraste social
Mientras se destinan billones a esta contratación acelerada, regiones como Santander han quedado excluidas de los recursos para emergencias climáticas, a pesar de que municipios como Lebrija, Sabana de Torres y Rionegro han sufrido graves afectaciones por las lluvias que han dejado a numerosas familias sin hogar. Esta omisión resulta particularmente llamativa cuando los partidos políticos buscan simultáneamente el apoyo electoral de los santandereanos.
El contraste social es evidente: mientras miles de colombianos y animales luchan por sobrevivir en medio del lodo y las inundaciones debido a la negligencia administrativa, algunos sectores políticos parecen dedicarse a "bucear en la mermelada" de los recursos públicos para financiar sus campañas y asegurar beneficios particulares.
La ingeniería del favorecimiento y la complicidad institucional
Esta práctica de direccionamiento contractual ha brillado especialmente en el gobierno nacional y en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Lo más preocupante es la aparente normalización de un sistema donde el tesoro público se convierte en caja menor para intereses políticos, incluyendo el favorecimiento de familiares y allegados.
Los órganos de control, por su parte, parecen limitarse a investigaciones superficiales iniciadas más para la foto que para generar consecuencias reales. Como señala el análisis, se comportan "sordos, ciegos y mudos" frente a estas prácticas, contribuyendo indirectamente a su perpetuación.
La inversión de valores y la esperanza en el voto ciudadano
La sociedad colombiana ha desarrollado una peligrosa inversión de valores donde el funcionario que manipula la nómina pública es considerado "hábil", mientras que el servidor honesto que respeta la ley es tildado de "inútil". Esta normalización de la corrupción ha eliminado el temor que debería generar el direccionamiento ilegal de contratos.
Sin embargo, el análisis concluye con un mensaje esperanzador: el cambio no llegará por decreto, sino mediante el ejercicio consciente del voto ciudadano. Los colombianos están a tiempo de elegir representantes que comprendan que el presupuesto público no es una piñata para repartir entre parientes, sino el escudo que debe proteger a los más vulnerables de la sociedad.
La responsabilidad recae ahora en la ciudadanía, que debe exigir transparencia y rechazar las prácticas que convierten la Ley de Garantías en letra muerta mientras el erario nacional se vacía en beneficio de intereses particulares.
