La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanzó este miércoles en el juicio contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, señalados por la Fiscalía de articular una "empresa criminal" que comprometió $612.237 millones del erario público para asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas pensional, de salud y operaciones de crédito público del Gobierno de Gustavo Petro.
La diligencia, extensa y virtual, estuvo marcada por dos hitos: el reconocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Contraloría General de la República como presuntas víctimas, tras un receso cercano a cinco horas; y el regreso público a los estrados de Bonilla, en libertad por vencimiento de términos, y de Velasco, conectado desde la Escuela de Carabineros en Cali, donde permanece privado de la libertad.
Inicio de la audiencia y composición de la sala
A las 8:15 de la mañana se instaló, en formato virtual, la audiencia pública de formulación de acusación identificada como Primera Instancia 01525, "proceso seguido contra Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Cháves", según el comunicado oficial de la Corte Suprema, firmado por el magistrado ponente Jorge Emilio Caldas y el secretario Rodrigo Ortega. La diligencia se desarrolló ante el despacho del magistrado Caldas, con la participación de la magistrada Blanca Nélida Barreto. La acusación fue liderada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Fernando Sandoval (Fiscal 11).
Solicitudes de reconocimiento de víctimas
El primer punto del orden del día fue la acreditación de víctimas. Tres entidades estatales solicitaron formalmente su reconocimiento: Ungrd, Invías y la Contraloría, representada por Jorge Ernesto Candanoza. Los representantes coincidieron en que estas instituciones fueron "instrumentalizadas" por los exministros en la presunta concertación delictiva, causando afectación patrimonial y reputacional.
El abogado Carranza, defensor de Bonilla, objetó la calidad de víctimas, argumentando que el exministro de Hacienda no tuvo conocimiento de los efectos sobre los recursos de la Ungrd y cuestionó la actuación de la Contraloría. La abogada Suárez, defensora de Velasco, afirmó que los representantes de Ungrd e Invías presentaron "un relato impreciso" y no aportaron pruebas suficientes.
Tras escuchar a las partes, la Sala decretó un receso de casi cinco horas. Al reanudarse, el magistrado Caldas, con respaldo de la magistrada Barreto, reconoció a las tres entidades como presuntas víctimas, con los siguientes fundamentos:
- Ungrd: la acusación sostiene que los exfuncionarios habrían convertido a la entidad "en una herramienta para comprar congresistas", causando graves perjuicios.
- Invías: el presunto direccionamiento de contratos a congresistas no respondió a una planificación técnica, sino a un intercambio ilícito.
- Contraloría: existen fundamentos suficientes por los posibles impactos sobre los recursos públicos y la función de control fiscal.
Intervenciones de los exministros
Ricardo Bonilla
El exministro de Hacienda intervino para sostener que carecía de competencia funcional sobre los recursos discutidos: "Yo no soy, como ministro de Hacienda, ordenador del gasto de ninguna entidad diferente al mismo Ministerio de Hacienda. Yo no soy ordenador del gasto ni en Invías ni en la Ungrd".
Luis Fernando Velasco
El exministro del Interior fue más beligerante. Cuestionó la solidez de las pruebas de la Fiscalía y la actuación de la Contraloría. Entre sus declaraciones destacan:
- Reclamó al representante de la Contraloría: "Haga un mínimo esfuerzo por reflexionar sobre los contratos endilgados y que no caiga en el juego narrativo de la Fiscalía".
- Denunció la falta de investigación a Olmedo López por macro-contratación directa por cerca de un billón cien mil millones de pesos.
- Sobre su breve paso por la Ungrd, mencionó que la obra de La Mojana fue contratada por 139 mil millones de pesos, cuando su estudio indicaba un costo de 40 a 45 mil millones.
- Enfatizó que la Fiscalía lo acusa con contratos de la Ungrd que "no se llegaron a perfeccionar" y del Invías que "en su gran mayoría los adjudicó otro Gobierno".
La acusación de la Fiscalía
El fiscal Gabriel Fernando Sandoval Vargas presentó el escrito de acusación de 287 páginas, radicado el 7 de abril de 2026. Los delitos imputados son concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía sostiene que las conductas se ejecutaron bajo circunstancias de mayor punibilidad, al comprometer recursos destinados a la gestión del riesgo y la infraestructura de transporte.
Estructura de la "empresa criminal"
Según el ente acusador, los exministros integraron una organización delictiva para comprar al Congreso y destrabar proyectos clave. El esquema operó entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024. Bonilla y Velasco "impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dieron órdenes, coordinaron reuniones y supervisaron las gestiones ilícitas al interior del Invías y la Ungrd". A ellos se vincularon el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, y el subdirector Sneyder Pinilla.
Monto comprometido y proyectos
El total comprometido asciende a $612.237 millones, distribuidos en 74 proyectos a través del Invías por $571.701 millones y 5 proyectos en la Ungrd por $40.536 millones. De los 79 proyectos prometidos, solo siete habrían sido concertados o ejecutados directamente. Tres contratos para emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado (Carmen de Bolívar) suman $86.619 millones.
Episodios y reuniones documentadas
- Junio de 2023: Velasco habría ordenado a Olmedo López presentarse ante la Comisión Séptima del Senado para acordar contratos con parlamentarios.
- Septiembre de 2023: en el empalme de las exasesoras de Bonilla, se dejó constancia de la necesidad de direccionar proyectos regionales a favor de congresistas.
- 18 de septiembre de 2023, Casa La Giralda: reunión entre Velasco, Bonilla y la exasesora Benavides para asegurar respaldo político mediante beneficios indebidos.
Congresistas mencionados
Entre los parlamentarios identificados figuran Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya.
Reacciones políticas
El presidente Gustavo Petro no se pronunció específicamente sobre la audiencia del 29 de abril, aunque previamente había celebrado la libertad de Bonilla. El caso es visto por el oficialismo como persecución política, mientras que la oposición lo califica como uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno.
Audiencia paralela en el Tribunal Superior de Bogotá
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá reprogramó para el jueves 30 de abril a las 9:00 a.m. la audiencia para resolver los recursos de apelación contra la medida de aseguramiento intramural impuesta el 18 de diciembre de 2025 a los exministros. La decisión también podría afectar la situación jurídica de Bonilla, quien está en libertad pero conserva vigente su medida de aseguramiento.
