Una demanda presentada el martes en una corte federal de Brooklyn acusa al expresidente venezolano Nicolás Maduro de autorizar el asesinato de al menos 1.300 personas por parte de una fuerza de seguridad de élite entre 2017 y 2020. Maduro ya se encuentra encarcelado en una prisión federal de Nueva York tras ser detenido por el Ejército estadounidense en enero por cargos de narcotráfico.
Operación de Liberación y Protección del Pueblo
La demanda, presentada bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991, alega que las muertes ocurrieron durante la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, una ofensiva policial que Maduro lanzó supuestamente para combatir la delincuencia. Según pruebas recopiladas por grupos de derechos humanos, la policía irrumpió en viviendas de barrios de bajos ingresos, obligó a hombres y niños a arrodillarse y les disparó. Las casas fueron saqueadas y se llevaron objetos de valor.
Testimonios de familiares
Una madre, identificada como Jane Doe 1, relató que en 2017 vio por la ventana a policías armados que forzaron la puerta de su casa en Caracas con una barra de metal. Poco después, su hijo de 20 años fue asesinado en circunstancias poco claras. Vecinos dijeron haber oído disparos horas después de la redada, como si se simuló un tiroteo. "No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo. A mí el Estado me mató a mi hijo", declaró la mujer.
Otro demandante, Jane Doe 3, cuyo hijo murió en su propia habitación, afirmó: "Yo decidí hacer esta demanda y denunciar el caso de mi hijo y visibilizarlo porque mi hijo no era ningún delincuente". Relató que la policía robó un PlayStation de su nieta y tanta ropa de su hijo que tuvo que comprarle un traje para enterrarlo.
Centro Guernica 37 y el caso
La demanda fue interpuesta por el Centro Guernica 37, una organización jurídica internacional sin fines de lucro. "Esta demanda refleja la extraordinaria determinación de las familias de las víctimas para hacer frente a los abusos de poder y afirmar que nadie está por encima de la ley", dijo Michael Reed Hurtado, uno de los abogados. La demanda solicita indemnización por daños punitivos y compensatorios.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)
Tras las denuncias de violencia, Maduro rebautizó al escuadrón como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Un informe de la ONU indicó que las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6.856 personas entre 2018 y 2019, alterando escenas del crimen para simular resistencia al arresto. A pesar de las críticas, Maduro elogió a las FAES en 2019: "Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico. ¡Que viva el FAES!".
Inmunidad de Maduro y precedentes
El abogado de Maduro, Barry Pollack, no estuvo disponible para comentarios. Es probable que Maduro intente acogerse a la inmunidad como jefe de Estado. La abogada Almudena Bernabeu afirmó: "La reclamará, pero la jurisprudencia está de nuestro lado. Presentamos esta demanda porque detrás de los líderes injustos y abusivos siempre hay personas a las que se ignora".
En 2022, un juez federal desestimó una demanda contra el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman por el asesinato de Jamal Khashoggi, tras la intervención del Departamento de Justicia de EE.UU. que alegó inmunidad. En contraste, el Gobierno boliviano renunció a la inmunidad en un caso contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, resultando en un acuerdo tras una apelación.
Impunidad en Venezuela
En Venezuela, decenas de agentes de bajo rango fueron detenidos tras los asesinatos, pero los casos se alargaron o anularon. John Doe 4, cuyo hijo murió en 2020 cuando la policía irrumpió sin orden judicial, señaló que los fiscales eran apartados si se esforzaban demasiado. Jane Doe 2, cuyo hijo fue golpeado y abatido en 2018, declaró: "El verdadero móvil de nosotros para haber dado ese paso es la impunidad en nuestro país. Si no fuera así, no habríamos tenido que recurrir a instancias internacionales".
La demanda busca responsabilizar a Maduro por violaciones de derechos humanos, un paso poco común contra un jefe de Estado en tribunales estadounidenses.
