Escándalo Banco Master: políticos y autoridades brasileños implicados en pagos millonarios
El escándalo de corrupción vinculado al extinto Banco Master ha sumado un nuevo capítulo tras la revelación de pagos millonarios a políticos y altas autoridades en Brasil, incluyendo al expresidente Michel Temer y exministros de distintos gobiernos. Esta información, divulgada por el diario Folha de São Paulo con base en documentos del Fisco, llega a seis meses de las elecciones y eleva la tensión política e institucional en el país.
Pagos del Banco Master salpican a políticos de alto nivel en Brasil
Los documentos revelan que el banco y su propietario, Daniel Vorcaro, realizaron transferencias millonarias a una amplia red de figuras públicas y privadas. Entre los nombres mencionados se encuentran Temer, así como exministros vinculados a las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, lo que evidencia un alcance transversal en el espectro político.
Según el informe, Henrique Meirelles, exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, recibió 18,5 millones de reales entre 2024 y 2025, mientras que Guido Mantega, quien ocupó la cartera económica en gobiernos anteriores, obtuvo 14 millones de reales por servicios de consultoría. El bufete de Temer, por su parte, recibió 10 millones de reales en 2025.
También figuran pagos a Antônio Rueda, presidente del partido União Brasil, cuyas empresas recibieron 6,4 millones de reales desde 2023, así como a un bufete vinculado a la familia del exjuez y actual ministro Ricardo Lewandowski, que percibió al menos 6,1 millones de reales en el mismo periodo. Todos los implicados han señalado que los recursos corresponden a servicios prestados.
Red de contactos y vínculos con el poder amplían el escándalo
El caso del Banco Master, liquidado extrajudicialmente en noviembre por el Banco Central de Brasil tras detectarse un fraude mediante la venta de títulos de crédito falsos, ha dejado al descubierto una extensa red de relaciones entre el sector financiero y las élites políticas del país. Su dueño, Daniel Vorcaro, permanece en prisión preventiva desde marzo.
Las investigaciones de la Policía han revelado que Vorcaro mantenía vínculos cercanos con figuras influyentes, con quienes realizaba negocios y encuentros sociales, según medios locales. Este entramado ha ampliado el alcance del escándalo más allá del fraude financiero, al exponer conexiones que involucran distintos niveles del poder público.
Además de los pagos a figuras políticas, el caso ha alcanzado a gobernadores y líderes regionales, como el gobernador de Paraná, Ratinho Junior, y el exalcalde de Salvador, ACM Neto, quien aspira a la gobernación de Bahía; mientras que la diversidad de perfiles refuerza la dimensión estructural del caso.
Escándalo llega al Supremo y aumenta presión institucional
El impacto del escándalo también ha alcanzado al poder judicial, puesto que antes de las recientes revelaciones, los jueces del Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes ya habían sido mencionados en el caso. Toffoli decidió apartarse de cualquier decisión relacionada con el banco tras conocerse vínculos de su entorno con personas cercanas a Vorcaro.
En el caso de Moraes, se reveló que intercambió mensajes con el banquero horas antes de su detención. Adicionalmente, el bufete de su esposa habría recibido 80,2 millones de reales entre 2024 y 2025 por servicios al banco, según reportes de medios locales, lo que ha intensificado la presión sobre su papel en el proceso.
En medio de este contexto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugirió que Moraes debería seguir el ejemplo de Toffoli y apartarse de las decisiones sobre el caso, lo que evidencia el nivel de tensión institucional que ha generado el escándalo.
Las revelaciones llegan en un momento particularmente sensible para Brasil, a pocos meses de las elecciones, y plantean interrogantes sobre el impacto político del caso. Más allá del fraude inicial, el escándalo del Banco Master ha evolucionado hacia una crisis que involucra a actores clave del sistema político y judicial, en un escenario donde la confianza institucional se convierte en un factor determinante.
