Exactamente hace un año fue la última vez que Yuley Pacheco, hermana de Jesús Antonio Pacheco, lo vio en persona. Las únicas noticias que ha tenido de él han sido a través de videos de supervivencia que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que lo mantiene secuestrado, envía mediante comisiones humanitarias. En el último video, del pasado 5 de mayo, se registró el mal llamado “juicio revolucionario” en el que, como si fueran jueces, condenaron a Pacheco y a otros tres funcionarios —dos policías y un agente del CTI— a un secuestro prolongado.
Detrás de esas imágenes están las historias de cuatro hombres que salieron a cumplir con su trabajo y cuyas familias aún esperan su regreso. Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, agentes de protección y seguridad de la Fiscalía General de la Nación, fueron secuestrados mientras se desplazaban entre Arauca y Fortul para una comisión laboral. Ambos habían salido temprano de sus casas hacia el parqueadero de la entidad con la intención de regresar ese mismo día, pero cerca del mediodía fueron interceptados por integrantes del frente de guerra Oriental y llevados a campamentos guerrilleros en Venezuela, según informes de inteligencia. Desde entonces, sus familias no han tenido contacto directo con ellos.
El drama de Jesús Antonio Pacheco
El agente Pacheco, de 38 años, es araucano, servidor público con más de 25 años de experiencia y forma parte del esquema de protección de la Fiscalía. Antes trabajó en el extinto DAS. En el reciente video de supervivencia aparece vestido con botas y camisa gris, más delgado de como lo recuerdan sus familiares, y pide al Gobierno que no se olvide de él y que gestione su regreso a casa. El ELN anunció en su contra una supuesta ‘condena’ de 60 meses por espionaje.
Su hermana, Yurley Pacheco, asegura que su familia no ha tenido un segundo de paz desde el secuestro. “Su niño de 6 años todos los días pregunta por su papá”, relata. Recuerda el impacto del último anuncio del grupo armado: “Cuando salió el video, la esposa entró en shock. El niño preguntaba: ‘Mamá, ¿pasó algo?, ¿por qué llorabas?’. ¿Qué le puede decir uno a un niño de seis años?”.
La preocupación también se centra en la salud del agente. Su hija, Angélica Pacheco, advierte que el funcionario “padece una enfermedad que requiere medicamentos constantes y controles especializados”, lo que aumenta la angustia por las condiciones de su cautiverio. “Para nosotras como familia es muy duro ver que mi padre es una ficha de cambio; es muy difícil mantener la fe cuando no hay nadie que nos guíe. Petro no ha hecho absolutamente nada”, agregó.
La historia de Rodrigo Antonio López
La vida de Rodrigo Antonio López también quedó suspendida aquella mañana del 8 de mayo. Antes de salir de casa se despidió de su esposa, Yuriel Macualo, y de su hija. “Él me dio un beso en la frente y me dijo: ‘Mami, cuida mucho a la niña, te amo. En dos horas estoy en Arauca’”, recuerda ella. Esa fue la última vez que hablaron.
Yuriel asegura que horas antes del secuestro notó zozobra en la voz de su esposo. “Hablé con él hacia las 10 a. m. y estaba muy preocupado por la situación allá”, cuenta. Rodrigo es padre de dos hijos y llevaba apenas tres meses trabajando en la Fiscalía cuando fue secuestrado. Su esposa recuerda que recibir el trabajo había significado cumplir uno de sus mayores sueños. “Cuando le anunciaron el contrato lo recibió como un regalo porque para él representaba un sueño pertenecer a la entidad”, relata. Antes había trabajado en el sector del gas y era conocido por ser “muy servicial, humilde y colaborador”. La situación médica de Rodrigo también preocupa, pues padece una condición cardíaca que requiere medicación estricta dos veces al día. El ELN anunció una ‘condena’ de 55 meses.
Franquie Esley Hoyos Murcia: un subintendente de la Dijín
A estos casos se suma Franquie Esley Hoyos Murcia, de 37 años, subintendente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Fue trasladado desde Bogotá hacia Arauca para integrar una comisión investigativa relacionada con asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz. Aunque usualmente se movilizaba por vía aérea, en esa ocasión recibió la orden de viajar por carretera para transportar un vehículo oficial.
Su madre, Alba Murcia, asegura que antes del viaje intentó convencerlo de no tomar esa ruta. “Yo sí le había dicho que no se fuera por carretera”, recuerda. Pero él respondió que debía cumplir la orden y dijo: “Nada me va a pasar”. Hoyos cumplió 37 años estando en cautiverio. Es casado y padre de dos hijos: una niña de 12 años y un niño de 3 años. “Es un muchacho muy alegre, una persona que da cariño a toda hora”, dice su mamá.
Alba Murcia también recuerda la última conversación con su hijo antes de la desaparición. “Son muchachos que le están sirviendo al Estado. Mi hijo ya lleva 17 años sirviéndole al país, eso debería entenderlo señor Presidente”. Su hermano también es policía.
Yordin Fabián Pérez Mendoza: el patrullero que sostenía a su familia
Por su parte, Yordin Fabián Pérez Mendoza, de 33 años, es patrullero y llevaba un año en servicio en Arauca. Su familia lo recuerda como un hombre dedicado a su hogar y principal sustento económico de sus padres. “Mi papá ya es una persona de la tercera edad y Yordin era quien respondía por ellos”, dice su hermano José. Tiene además una hija de 7 años que vive en Medellín y con quien mantenía comunicación permanente. “Yordin siempre viajaba desde Arauca a Medellín para ver a su hija cuando tenía descanso. Hablaban prácticamente todos los días”, relata José.
Tras un año de secuestro en el caso de los funcionarios de la Fiscalía y casi diez meses en el de los policías, las familias continúan exigiendo su liberación. Mientras pasan los días, hijos, madres y esposas siguen, con rosario en mano, aferrados a la esperanza de volver a escucharlos y abrazarlos.
Otros civiles secuestrados
Este drama no distingue entre uniformes y civiles. En marzo pasado, Luis Carlos Vallejo, exdiputado del Cauca y líder social afro, fue secuestrado por delincuentes de ‘Mordisco’, quienes lo asesinaron semanas después. “Era un hombre comprometido con el bienestar y el desarrollo de nuestro municipio”, lo recuerdan sus vecinos y amigos desde López de Micay. Su tragedia se suma a la de muchos que, completamente ajenos al conflicto, terminan a merced de grupos armados ilegales que, como hace 40 años, recurren al secuestro para extorsionar o imponer su gobernanza criminal.
