Fiscalía apunta a exgobernadora y exdirectiva del DPS por caso Aremca
Fiscalía apunta a exgobernadora y exdirectiva del DPS

La Fiscalía ha destapado esta semana en audiencias los detalles de cómo se habría creado un 'contratadedo' en Aremca, uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. La detención de nueve personas la semana pasada sería solo la punta del iceberg de una organización ilegal que habría torcido 101 contratos por cerca de medio billón de pesos.

El jefe de la estructura criminal

El jefe de la estructura sería Gustavo Bolaño Pastrana, a quien la Fiscalía no ha podido imputar por problemas de salud en las celdas de la Fiscalía de Bogotá. Fue capturado junto a Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.

Bolaño habría sido el jefe y Emilia Álvarez la representante legal de Aremca, la Asociación Regional de Municipios del Caribe. En el papel, la asociación se creó para apalancar proyectos con dineros de regalías, pero por detrás tendría un andamiaje para repartir contratos a dedo en proyectos de saneamiento básico, agricultura y alimentación en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

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Convenio con el DPS

Uno de los 101 contratos tiene una particularidad: fue un convenio interadministrativo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Lo suscribieron en junio del año pasado Emilia Álvarez, como representante de Aremca, y Diana Carolina Martínez Jiménez, entonces secretaria general del DPS.

"Se celebró un convenio que presenta rasgos materiales propios de ser un contrato estatal encubierto bajo la apariencia de un convenio", dijo el fiscal Andrés Vásquez, añadiendo que el objetivo habría sido entregar insumos para la producción de alimentos.

Para la Fiscalía, se debió haber hecho una licitación pública para este negocio, en la que distintos interesados participaran. No hubo un estudio técnico y se terminó favoreciendo a Álvarez, que al parecer no aportó la documentación necesaria.

El fiscal afirmó que la vulneración de normas por parte de Álvarez también cobija a Diana Carolina Martínez, del DPS, a quien imputarán más adelante: "No nos acompaña hoy, la Fiscalía tendrá que citarla a imputación por este delito".

Exgobernadora de Arauca salpicada

El fiscal también salpicó a Indira Barrios Guarnizo, exgobernadora encargada de Arauca durante el año 2022. El entonces ministro del Interior Daniel Palacios la posesionó en febrero, pero la administración de Gustavo Petro la sacó del puesto luego de que en octubre viajó al exterior sin justificación.

El nombre de Barrios en el expediente de Aremca no es nuevo. La Procuraduría ya la había llamado a un juicio disciplinario en 2024 por estos hechos. "El Ministerio Público cuestionó la actuación posiblemente contraria a derecho de las investigadas, al asignar a Aremca como ejecutora, pues a pesar de que esta entidad incumpliría los requisitos para el manejo de recursos de regalías, se habría advertido un interés particular", explicó el órgano de control.

En el proceso penal aún no se habían hecho menciones públicas a la exgobernadora. "Debo mencionar a otra persona que interviene en la conducta punible, que es la señora Indira Barrios Guarnizo, e indicaba que ella no podrá ser atendida por este delegado fiscal porque tiene la calidad de aforada", dijo Andrés Vásquez en audiencia, aunque aclaró que se tomarán medidas contra la exmandataria por parte de la Unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema.

Los 100 contratos

Los señalamientos de la Fiscalía son tan graves que el fiscal Vásquez señaló que con Aremca los capturados al parecer promovieron un "manual de contratación que legisló", con el que se creó un sistema prohibido para direccionar contratos e interventorías por cerca de 500 billones de pesos.

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El primer contrato se suscribió en Barranquilla el 22 de junio de 2022 y el 5 de agosto de 2022, justo en la previa para el cambio de gobierno entre Iván Duque y Gustavo Petro. En ese negocio participaron Emilia Álvarez, directora de Aremca; Rafael Flórez, coordinador financiero; Andrés Sáenz, coordinador de Planeación e Infraestructura; y Alfredo Ballestas, coordinador jurídico de Aremca; así como el contratista Juan Diego Rincón Medrano, representante legal del Consorcio Infraestructura para la Gestión del Riesgo.

En este contrato aparece salpicada la exgobernadora Indira Barrios Guarnizo. Según la Fiscalía, el 24 de mayo de ese año ella firmó un decreto en favor de Aremca, para la ejecución de un contrato en Arauca por 32.283 millones de pesos. La interventoría de ese contrato, también con apariencia de ilegalidad, se habría firmado en favor de la asociación municipal el 5 de agosto de 2022.

El tercer contrato firmado en Barranquilla fue para un proyecto de obra entre el 10 de junio y el 2 de agosto de 2022. Habrían participado las mismas personas y el monto del negocio fue por 37.830 millones, para el alcantarillado de Playitas, un sector de Arauca. La interventoría para este caso también se habría manipulado ilícitamente.

Los contratos, que en algunas ocasiones incluso tuvieron trámites bajo los Ocad Paz, fueron para diversos fines: ganaderos, de sanidad pública y otro tipo de necesidades.

En otro aparte mencionaron que se celebró un contrato en agosto de 2023 en el que el alcalde de Uribia designó a Aremca como la ejecutora de la construcción de la primera etapa de un polideportivo. El negocio valió 9.500 millones de pesos e incluía la interventoría. Emilia Álvarez, de nuevo, aceptó el contrato para la polémica asociación municipal.

Un caso similar ocurrió en Santa Catalina, Bolívar, donde el alcalde firmó una resolución para construir el mirador turístico con 3.112 millones de pesos de las regalías. Y en Montelíbano, donde se pactó pavimentar la vía de un corregimiento.

Por estos hechos, la Fiscalía llevó a imputación a los nueve capturados por supuesto concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, y enriquecimiento ilícito de particulares. No obstante, a Bolaño espera leerle cargos en las próximas horas debido a sus problemas de salud.