La Fiscalía General de la Nación expidió esta semana una resolución con la que busca priorizar los casos en los que son víctimas periodistas y trabajadores de medios de comunicación, en hechos relacionados con su ejercicio informativo. Con los nuevos lineamientos, plasmados en la Resolución 00119 del 5 de mayo, la administración de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, busca acelerar las investigaciones en las que los reporteros son víctimas por el ejercicio de su labor.
Medidas para proteger a la prensa
“Esta decisión fortalece la respuesta institucional respecto a las agresiones contra la prensa, al incorporar estándares más rigurosos, oportunos y con enfoque diferencial, en reconocimiento del papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad”, explicó este jueves el ente acusador. Precisamente, en Briceño, Antioquia, se reportó la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda mientras hacía un cubrimiento sobre los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’.
Nuevos estándares de investigación
De ahora en adelante, los fiscales que asuman casos en los que hay periodistas como víctimas de afectaciones a sus labores tendrán que construir un contexto más amplio de las situaciones abordadas y verificar los antecedentes que posiblemente haya denunciado el reportero o comunicador. “La Resolución 00119 de 2026 fija un estándar de debida diligencia reforzada para que los fiscales actúen con celeridad, de manera exhaustiva y con rigor técnico, evitando dilaciones injustificadas y garantizando la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas”, añadió la Fiscalía.
Protección ante riesgos inminentes
Además, traza medidas puntuales para eventos en los que haya un riesgo inminente para la vida e integridad del reportero, así como para su ejercicio periodístico. Por otro lado, se adoptará un enfoque diferencial y no se necesitará una acreditación de comunicador para empezar acciones de protección. En las instalaciones de las distintas fiscalías, según la resolución, se mejorará la capacidad de recibir denuncias y enrutarlas a diferentes despachos, que tendrán que trabajar de manera conjunta para el intercambio de información.
Impacto en la libertad de expresión
Para la Fiscalía General, las expresiones de violencia contra periodistas no solo afectan de manera personal, sino que también golpean la libertad de expresión y el acceso a la información. Esta resolución representa un avance significativo en la protección de quienes ejercen el periodismo en Colombia, un país donde la labor informativa a menudo se enfrenta a riesgos y amenazas. Con estas medidas, se espera que los casos sean tratados con la urgencia y seriedad que merecen, garantizando justicia para las víctimas y fortaleciendo el estado de derecho.
