Investigación judicial contra congresista por presuntas irregularidades en contratación pública
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha definido la situación jurídica del representante a la Cámara por el Partido Liberal, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, quien enfrenta un proceso penal por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación. El alto tribunal determinó que el político podrá continuar su defensa en libertad mientras avanza la investigación en su contra.
Origen del caso: desvío de recursos de pensionados
Las pesquisas judiciales se centran en actuaciones realizadas durante su mandato como gobernador del departamento del Chocó entre los años 2016 y 2019. Según las investigaciones, Palacios habría incurrido en irregularidades administrativas relacionadas con el manejo de recursos provenientes de una acción de grupo interpuesta por pensionados.
El caso específico involucra una suma de 2.810 millones de pesos colombianos que correspondían al pago concedido a un grupo de pensionados. Aunque por ley estos fondos debían ser entregados a un fondo especial de la Defensoría del Pueblo para su posterior distribución entre los accionistas, la investigación señala que durante la administración de Palacios, la Gobernación del Chocó habría desviado el dinero hacia dos abogados particulares.
Estos profesionales jurídicos se habrían comprometido a realizar la repartición entre los beneficiarios, pero según los documentos judiciales, hasta la fecha no han cumplido con esta obligación, dejando a los pensionados sin acceso a los recursos que legalmente les correspondían.
Segunda investigación: contratos cuestionados en Itsmina
Este no constituye el único proceso que enfrenta el congresista ante la Corte Suprema. En abril de 2025, la Sala de Instrucción formuló cargos adicionales contra Palacios Mosquera por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Esta segunda investigación se relaciona con presuntas irregularidades en la gestión y liquidación de contratos suscritos durante el año 2017, destinados específicamente a la mejora de la plaza de mercado del municipio de Itsmina, ubicado en el departamento del Chocó.
Entre los convenios cuestionados se encuentran:
- Un contrato celebrado con el Consorcio Plaza de Mercado Itsmina
- Un acuerdo correspondiente a la interventoría de la obra
Según los cálculos del alto tribunal, el detrimento patrimonial investigado en este caso asciende a 1.082 millones de pesos, montos que presuntamente habrían beneficiado a terceros vinculados directamente con la ejecución de los convenios mencionados.
Contexto político y próximos pasos procesales
La situación jurídica del representante Palacios se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de recursos públicos en regiones como el Chocó, históricamente afectadas por problemas de transparencia administrativa. La decisión de la Corte Suprema de permitir que el congresista se defienda en libertad no implica la finalización del proceso, sino que establece las condiciones para su continuación.
Los investigadores continuarán recopilando evidencia y testimonios relacionados con ambos casos, mientras que la defensa del político liberal preparará sus argumentos para enfrentar los cargos formulados. El desarrollo de este proceso judicial podría tener implicaciones significativas tanto para la carrera política de Palacios como para la percepción pública sobre la gestión de contratación en el departamento del Chocó.
