La Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema de corrupción que operaba dentro del Concejo Municipal de Magangué, Bolívar, donde cuatro personas habrían participado en un fraude que permitió el desvío de más de 81 millones de pesos de recursos públicos. Sin embargo, en una audiencia realizada el 24 de febrero de 2026 ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito con funciones de conocimiento de Mompox, se decretó la preclusión del proceso penal a favor de los implicados.
Los implicados en el caso
Las investigaciones iniciales señalaron a José Manuel Martínez Bonilla, exsecretario general del Concejo; Miguel Ángel Sampayo Ortiz, excontratista de la Alcaldía de Magangué; y los particulares Estefanía Bustamante López y Simón Enrique Nieto Toscano como presuntos responsables de idear un plan para apropiarse del dinero de manera fraudulenta.
Modus operandi del fraude
De acuerdo con la Fiscalía, en febrero de 2024, los procesados simularon la realización de sesiones extraordinarias en el cabildo municipal. Martínez Bonilla y Sampayo Ortiz habrían elaborado documentos falsos certificando reuniones que nunca se llevaron a cabo, con el propósito de generar obligaciones de pago por concepto de honorarios y otros gastos administrativos. Una vez creadas las órdenes de pago con documentación fraudulenta, los fondos fueron transferidos a Bustamante López y Nieto Toscano, quienes no tenían ningún vínculo laboral ni contractual con la corporación, actuando como presuntos testaferros.
Imputación de delitos
La Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación atenuada, falsedad ideológica en documento público, usurpación de funciones públicas y obtención de documento público falso, de acuerdo con el grado de responsabilidad de cada uno.
Captura y medidas judiciales
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades de la Policía Nacional, desplegó un operativo en los barrios San Mateo, Boston y Olaya de Magangué, logrando la captura de los cuatro implicados. Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, se determinó que Miguel Ángel Sampayo Ortiz debía cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que los otros tres procesados continuaron vinculados a la investigación en libertad.
Decisión judicial final
En la audiencia del 24 de febrero de 2026, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Mompox decretó la preclusión del proceso penal a favor de las personas mencionadas por el delito de peculado por apropiación. Adicionalmente, en el caso de José Manuel Martínez Bonilla, la decisión cobijó los delitos de falsedad ideológica en documento público, usurpación de funciones públicas y obtención de documento público falso. El juzgado ordenó la cesación del proceso con efectos de cosa juzgada, así como el levantamiento de todas las medidas vigentes contra los procesados. La decisión fue notificada en estrados y no se interpusieron recursos, por lo que quedó en firme.
Este caso resalta la constante vigilancia de los entes de control sobre el manejo de los recursos públicos y pone en evidencia las estrategias fraudulentas que algunas personas emplean para apropiarse del dinero destinado al funcionamiento de las entidades gubernamentales. No obstante, la decisión judicial final determinó la preclusión del proceso, cerrando el caso de manera definitiva.
