Licencia de obra destapa presunta ruta de cobros que involucra al alcalde de Villa de Leyva
Una licencia de urbanismo y construcción se ha convertido en el punto de partida de una investigación por presuntos cobros irregulares en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. El caso involucra al alcalde Víctor Gamboa y a funcionarios de la administración municipal. El centro de la investigación está en la declaración de uno de los accionistas de una sociedad de inversión que adelanta una obra en el municipio. Esa persona habría entregado prueba técnica sobre los hechos denunciados.
En las comunicaciones conocidas por las autoridades, según fuentes judiciales citadas por el diario EL TIEMPO, se hablaría de un presunto cobro del 20% sobre el valor de una licencia de obra. El caso abrió una nueva discusión sobre los trámites urbanos locales.
Una denuncia por una licencia de $480 millones
La investigación tomó fuerza tras una denuncia presentada el 28 de abril de 2026 por María Solarte Daza, representante legal de Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., según 'Blu Radio'. La empresa adelantaba un trámite relacionado con una licencia de urbanismo y construcción. De acuerdo con ese reporte, la empresaria señaló que el alcalde Víctor Gamboa le habría exigido una suma equivalente al 20% del valor de la licencia, cuyo monto rondaría los $480 millones. Esa proporción es el dato central del expediente.
El caso no se limita a una conversación aislada. Según la información conocida, las autoridades revisan audios, comunicaciones y elementos técnicos que habrían sido aportados dentro del proceso. La Fiscalía deberá establecer si esos materiales prueban una exigencia económica indebida. 'Blu Radio' informó que el mandatario fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), por su presunta responsabilidad en el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo. La diligencia se realizó cerca de la Alcaldía municipal. La concusión, en términos generales, se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir o inducir pagos indebidos. En este caso, la hipótesis de la Fiscalía se relaciona con presuntas exigencias en trámites de licenciamiento urbano.
Audios y celulares, las pruebas bajo revisión
Uno de los elementos clave del proceso sería un audio en el que, presuntamente, se habría hablado del pago de una coima equivalente al 20% del valor de la licencia. Esa grabación hace parte del material que será evaluado judicialmente. Según Blu Radio, la Fiscalía también sostiene que antes de las presuntas exigencias de dinero se habrían presentado otras actuaciones irregulares. Entre ellas, la solicitud de contratar a una persona conocida y luego aumentarle el salario.
El alcalde negó los señalamientos al llegar al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Ante los medios, dijo: “No soy quien da licencia, yo no doy licencia de construcción”, en referencia al papel formal de otras dependencias en esos trámites. Además de la captura del mandatario, las autoridades realizaron diligencias de registro personal contra Luis Fernando Cárdenas Rico, secretario de Planeación; William Yesid Molina García, inspector segundo de Policía, y un particular vinculado a la investigación. Durante esos procedimientos fueron incautados dispositivos celulares. Estos equipos serán analizados para establecer si contienen comunicaciones, mensajes o registros relacionados con las presuntas exigencias económicas denunciadas por la representante de la sociedad inversionista.
La investigación está bajo coordinación de la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional de la Dirección Especializada contra la Corrupción. También participaron servidores del Gaula Élite y del Grupo de Investigaciones y Estrategias Especiales.
Trámites urbanos quedan bajo la lupa
El caso puso bajo observación los trámites urbanos en Villa de Leyva, uno de los municipios turísticos y patrimoniales más reconocidos de Boyacá. En ese contexto, una licencia de construcción puede tener alto impacto económico, urbanístico y administrativo. La presunta ruta de cobros señalada en la investigación toca una zona sensible de la gestión local: los permisos para construir. Estos trámites definen si un proyecto puede avanzar, cuánto tiempo tarda y qué condiciones debe cumplir ante la administración.
Por ahora, el expediente se encuentra en etapa judicial y las responsabilidades deberán ser definidas por un juez. La Fiscalía tendrá que sustentar la legalidad de la captura, la imputación de cargos y las eventuales medidas contra los investigados.
