Una de las marcas de ropa interior femenina más reconocidas en Colombia quedó en el centro de un amplio operativo judicial. La cadena Lili Pink es investigada por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando, en un proceso liderado por la Fiscalía General de la Nación y ejecutado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Investigación de cinco años
Tras una investigación que se extendió durante cerca de cinco años, el Ejército Nacional llevó a cabo las diligencias que se desarrollaron, de manera simultánea, en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos. Como resultado, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculada al caso.
Pese a la magnitud del operativo, la Fiscalía aclaró que las tiendas de la marca continuarán abiertas al público. “Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social”, señaló la entidad. Esto se debe a que los bienes afectados entrarán en un proceso de administración provisional por parte del Estado, lo que permite que sigan funcionando mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio.
Esquema empresarial fraudulento
La Fiscalía puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de ropa femenina y accesorios, habría facilitado el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país. La investigación da cuenta de importadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior. Estas compañías habrían fragmentado transacciones y dificultado la trazabilidad del dinero, una práctica común en delitos financieros complejos.
Cifras del caso
Las cifras del caso reflejan el alcance de la investigación. La Fiscalía indaga por un posible lavado de activos que superaría los 730.000 millones de pesos, así como un enriquecimiento ilícito estimado en más de 430.000 millones de pesos. A esto se suma un presunto contrabando superior a los 75.000 millones de pesos y decomisos de mercancía que sobrepasan los 54.000 millones de pesos.
Continuidad de operaciones
Aunque el proceso de extinción de dominio avanza, las medidas adoptadas no implican el cierre inmediato de los establecimientos. En cambio, buscan garantizar la continuidad de la actividad económica bajo supervisión estatal, mientras los jueces determinan el futuro de los bienes y activos involucrados.
