Desde una celda en una guarnición militar de Malambo, Atlántico, la congresista Karen Manrique, de la curul de paz, ha enviado una carta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. A través de su abogado, el penalista Andrés Garzón, solicita a Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión, que se investigue la conducta de dos conjueces que participaron en el proceso judicial que la llevó a prisión por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Denuncia por falta grave
Manrique, quien está recluida en la guarnición militar, asegura que Jesús Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, los conjueces clave para su encarcelamiento, habrían incurrido en una falta grave a título de dolo. Según la congresista, los abogados omitieron valorar de manera directa y personal el expediente, que en marzo de 2026 constaba de 64 cuadernos de instrucción con más de 12.000 folios, dos cuadernos sobre allanamientos, 24 cuadernos de interceptaciones con más de un año de escuchas, 55 testimonios que suman 93 diligencias y casi 100 horas de audio, además de medios magnéticos como videos de vigilancia y minutas de ingresos y salidas.
“En apenas cinco días, siendo materialmente imposible que analizaran la totalidad del acervo probatorio, emitieron votos positivos para que se profiriera una orden de captura en mi contra cuando existían serias dudas sobre los fines constitucionales que el magistrado instructor solicitaba proteger”, afirma Manrique en el documento. Agrega que los conjueces omitieron un acto propio de su cargo: “Decidieron de manera dolosa únicamente dar lectura a una ponencia de más de 1.000 páginas que contenía el razonamiento probatorio del magistrado instructor, quien desde julio de 2025 ya había solicitado mi privación de libertad, constituyendo un claro sesgo cognitivo que generó una privación injusta de la libertad”.
Inspección al proceso solicitada
Manrique sostiene que los conjueces basaron su criterio en el análisis probatorio de la ponencia que pedía la medida de aseguramiento. Tras el sorteo manual por balotas, Fonseca Alvarado y Rey Córdoba fueron designados como conjueces, pero solo cinco días después se dictó la medida intramural. “Es materialmente imposible que en ese tiempo estudiaran el expediente en su totalidad”, insiste.
Por ello, la congresista pide una inspección judicial al proceso penal en su contra, que cursa en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y que se oficie a la secretaría de esa Sala para que allegue los registros de las deliberaciones de los magistrados titulares que llevaron al nombramiento de los conjueces, así como las deliberaciones en las que participaron Rey Córdoba y Fonseca Alvarado y que concluyeron en la imposición de la medida de aseguramiento.
Se espera que en los próximos días la Comisión de Acusaciones decida si procede con la solicitud de la congresista.
