Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se declaró culpable este miércoles de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, en el marco del escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno y congresistas. Con esta decisión, busca obtener una sentencia anticipada que le permita reducir su condena y evitar un juicio prolongado.
Antecedentes del caso
López es una de las figuras centrales en la trama corrupta que, durante 2023, direccionó coimas y contratos a cambio de impulsar las reformas sociales del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Además, se le vincula con sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. Desde el inicio de las investigaciones, López buscó colaborar con la Fiscalía, obteniendo un principio de oportunidad parcial que lo eximió de prisión por algunos delitos, a cambio de delatar a otros implicados, como Carlos Ramón González y César Manrique, cercanos al presidente Petro.
El preacuerdo fallido
Inicialmente, López negoció un preacuerdo con la Fiscalía para devolver 724 millones de pesos que se apropió ilegalmente. Sin embargo, dos juzgados rechazaron el acuerdo al considerar que la suma no cubría el total del dinero desviado del Estado. Ante esta negativa, la Fiscalía optó por acusar formalmente a López, quien ahora se allana a los cargos para buscar una sentencia anticipada.
Declaración de culpabilidad
En la audiencia de este miércoles, López declaró: “Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país. Desde hace mucho tiempo decidí no esconderme detrás del silencio”. La jueza del caso deberá pronunciarse el próximo martes sobre la aceptación del allanamiento y fijar la pena correspondiente.
Implicaciones legales
Expertos consultados señalan que el allanamiento a cargos puede resultar en una pena más severa que un preacuerdo, pero tiene la ventaja de que el procesado no está obligado a devolver el dinero apropiado. López permanece privado de su libertad mientras se define su situación jurídica.
Este caso sigue siendo un foco de atención en la lucha contra la corrupción en Colombia, con posibles ramificaciones que podrían afectar a otros funcionarios y políticos implicados.
