La Personería Distrital de Medellín puso bajo la lupa la alianza de cooperación suscrita a mediados de 2023 entre la Secretaría de Educación y la empresa DiBanka S.A.S., tras concluir una vigilancia administrativa en la que se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con la celebración, documentación y publicidad del acuerdo durante cinco años.
Origen de la investigación
La actuación del Ministerio Público se originó por una queja presentada el 1 de septiembre de 2025, en donde se advirtió de posibles anomalías en la implementación de la plataforma tecnológica DiBanka Admin, utilizada para la gestión de descuentos y libranzas de docentes, directivos docentes y personal administrativo del Distrito.
No obstante, según el análisis de la Personería, la figura de cooperación científica y tecnológica utilizada para sustentar el acuerdo no parecería ajustarse plenamente al objeto contratado, toda vez que la plataforma corresponde a una herramienta ya desarrollada para la gestión administrativa y financiera de libranzas, más que a un proyecto de investigación científica o creación tecnológica.
Falta de publicación en SECOP II
Además, una de las principales observaciones apunta a la presunta falta de publicación de la alianza en las plataformas oficiales de contratación pública, como SECOP II, pese a que la documentación revisada evidenciaría obligaciones y compromisos entre las partes.
Asimismo, la Personería analizó una posible omisión en la suscripción formal del contrato o convenio que respaldaría jurídicamente la ejecución del proyecto. También se revisaron presuntas inconsistencias relacionadas con la documentación contractual y el eventual desconocimiento de normas de contratación pública.
Recolección de pruebas y próximos pasos
Para esclarecer los hechos, la Personería solicitó información a la Secretaría de Educación, recopiló documentos y prorrogó la investigación con el fin de reunir los elementos necesarios para determinar si existían méritos para trasladar el caso a una investigación disciplinaria o adoptar otras acciones legales y administrativas.
Aunque el informe no establece responsabilidades definitivas, sí concluye que existen elementos suficientes para considerar la posible ocurrencia de irregularidades disciplinarias relacionadas con el proceso contractual y con el manejo de las solicitudes ciudadanas. Por esa razón, la Personería dispuso remitir las actuaciones para la evaluación correspondiente dentro de las instancias disciplinarias competentes.
Foco en transparencia y legalidad
El caso se centra en establecer si la relación entre la Secretaría de Educación de Medellín y DiBanka S.A.S. cumplió con los principios de transparencia, publicidad y legalidad exigidos para este tipo de alianzas, así como determinar las eventuales responsabilidades derivadas de las presuntas irregularidades detectadas durante la vigilancia administrativa.
Antecedentes de DiBanka
Hay que recordar que DiBanka ha sido objeto de cuestionamientos y revisiones por parte de distintos organismos de control en relación con contratos y esquemas de gestión de libranzas en entidades públicas.
Los cuestionamientos tienen origen en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), con quien DiBanka tenía un convenio firmado y en las que fueron identificados hallazgos relacionados con presuntas falencias en los procesos de contratación, falta de estudios técnicos y financieros, posibles conflictos de interés, inconsistencias en los mecanismos de compensación económica y deficiencias en los controles de transparencia.
De acuerdo con la documentación conocida por veedores, uno de los aspectos más polémicos corresponde a la contratación inicial de DiBanka en 2020 para la administración de libranzas de los afiliados a CASUR. En ese proceso, la Contraloría detectó que la firma consultora que recomendó la contratación de DiBanka compartía vínculos con la empresa beneficiada, situación que fue considerada un riesgo para la transparencia del proceso.
