Un nuevo lío legal enfrenta el alcalde de San Gil, Edgar Orlando Pinzón Rojas, luego de que la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil le formulara pliego de cargos disciplinarios por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios.
Falta gravísima según el Código General Disciplinario
En el análisis del caso, el ente de control indicó que “se trata de una falta gravísima consagrada en el artículo 54, numeral 2, del Código General Disciplinario, al suscribir contrato con una persona que se encontraba incursa en el causal de inhabilidad; vulnerando así su deber funcional, por tanto la falta se califica como gravísima”.
Detalles del contrato investigado
El contrato que tiene al mandatario en la mira de la Procuraduría es el Contrato de Prestación de Servicios CPS-033-2024, suscrito el 26 de enero de 2024 con Daisy Yaneth Rodríguez Bayona, quien fue contratada para apoyar a la Secretaría de Tránsito en la respuesta a PQRS, la sustanciación de actos administrativos y la revisión jurídica de documentos relacionados con la entrega de vehículos inmovilizados.
Vínculo de parentesco con secretario de Hacienda
El problema en este caso, según explica el auto de la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil, es que Rodríguez Bayona tendría un vínculo de afinidad en segundo grado con el secretario de Hacienda del municipio, Germán Yesid Anaya González. De acuerdo con los documentos, la contratista sería la cónyuge o compañera permanente de Dagoberto Anaya, hermano del funcionario responsable del manejo de las finanzas del municipio.
“La gravedad de la culpa se concreta en que el burgomaestre investigado no tuvo el cuidado necesario, al momento de suscribir el contrato CPS-033-2024, de verificar que la persona contratada podría estar inmersa en una causal de inhabilidad, al ser pariente en segundo grado de afinidad de un secretario de despacho”, señala el documento disciplinario.
El alcalde Pinzón Rojas deberá responder ante la Procuraduría por esta presunta falta disciplinaria que podría acarrear sanciones severas. El caso continúa en etapa de investigación y se espera que en los próximos meses se definan las responsabilidades correspondientes.
