La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el general retirado Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, por el delito de tráfico de influencias. El alto tribunal consideró que el oficial incurrió en una "inaceptable desviación de poder" al intentar interferir en una investigación penal para evitar la captura de un ganadero vinculado con el despojo de tierras.
Condena ratificada
La decisión ratifica la sentencia de primera instancia dictada en noviembre de 2024, que impuso siete años de prisión y una inhabilidad de nueve años para ejercer funciones públicas. Además, se negó el beneficio de la casa por cárcel, por lo que Palomino deberá cumplir la pena en un centro penitenciario.
Los hechos
El caso se remonta a cuando Palomino, aún en el cargo de director de la Policía, se reunió en su residencia con una fiscal para tratar sobre una operación contra 14 personas del Fondo Ganadero de Córdoba. Durante el encuentro, según la Corte, el general planteó la posibilidad de detener la captura del ganadero Luis Gonzalo Gallo, a quien calificó como "muy influyente". Gallo había sido señalado de comprar al menos cien predios despojados por el 'clan Castaño' de las Autodefensas Unidas de Colombia.
De acuerdo con la sentencia, Palomino "invocó la importancia social del investigado" y sus vínculos con altos dirigentes, como el expresidente Andrés Pastrana y el presidente del Banco Mundial, para justificar su intervención. La fiscal declaró que Palomino "llegó a su apartamento sin ninguna formalidad oficial" y describió a Gallo como "una persona honorable" por sus donaciones a causas nobles, resaltando su amistad con personas de alto nivel en el país.
Presión institucional
Aunque la funcionaria reconoció que "no hubo petición directa de archivo, suspensión de la orden de captura o cancelación del proceso", dejó claro que sintió "presión institucional dada la jerarquía de su interlocutor y el contexto de la visita". Para la Sala Penal, no hay duda de que el entonces alto oficial se valió de su cargo para intentar incidir en una decisión judicial y obstaculizar el curso de la investigación.
Argumentos de la defensa rechazados
En la apelación, la defensa de Palomino alegó que la acción penal estaba prescrita, pero la Corte descartó este argumento. Asimismo, el tribunal dio pleno valor probatorio a la grabación realizada por la fiscal con su celular durante la reunión, la cual fue considerada evidencia clave.
"Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido", señaló la Sala, que calificó la conducta como una desviación de poder agravada por la investidura del cargo.
Gravedad de la conducta
El alto tribunal agregó que Palomino se aprovechó de su posición para conocer detalles de una investigación relacionada con un presunto despojo sistemático de tierras en el Urabá antioqueño, lo que terminó de configurar la gravedad de su conducta. La Corte concluyó que el general retirado no solo intentó influir en la decisión judicial, sino que también vulneró la independencia del sistema de justicia.
Con esta decisión, la Corte Suprema envía un mensaje contundente sobre la intolerancia al abuso de poder y la importancia de preservar la autonomía judicial frente a presiones externas, especialmente de altos funcionarios del Estado.
