La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, por el delito de violación de límites o topes de gastos en campañas electorales. La audiencia, realizada el viernes 8 de mayo ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá, reveló una serie de hallazgos sobre irregularidades financieras que superan los 1.600 millones de pesos.
Detalles de la imputación
El fiscal Elkin Ardila Espinoza señaló que Roa, en su calidad de gerente de la campaña Petro Presidente 2022, tenía la responsabilidad directa de la administración financiera y la ordenación del gasto. Según la Fiscalía, bajo su dirección se ejecutaron gastos reales por 29.924 millones de pesos en la primera vuelta, superando el límite establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 28.536 millones.
“Usted tuvo a su cargo esa gerencia. No fue otra persona; precisamente se le designó a usted”, afirmó el fiscal durante la imputación.
Irregularidades específicas
La investigación detalla al menos 13 eventos donde se habrían presentado irregularidades. Entre los hallazgos más relevantes, el ente investigador subrayó:
- Omisión de aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) por 292 millones de pesos, destinados a refrigerios y transporte.
- Inconsistencias con Cinema Color SAS, donde se habrían dejado de reportar 107 millones de pesos por servicios audiovisuales.
- Un préstamo del Polo Democrático Alternativo de 500 millones de pesos desembolsado en mayo de 2022, no reflejado debidamente en la rendición de cuentas ante el aplicativo Cuentas Claras.
Estos movimientos habrían generado un exceso de 1.388 millones de pesos solo en la primera etapa electoral.
Segunda vuelta y otras irregularidades
En la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía documentó gastos no reportados por cerca de 345 millones de pesos. Además, se detectó una presunta “indebida imputación contable”, donde gastos de logística y pauta publicitaria con Caracol Televisión, correspondientes cronológicamente a la primera vuelta, fueron registrados en la segunda para intentar cuadrar los balances financieros ante las autoridades electorales.
Para la justicia, estas acciones no fueron errores administrativos aislados, sino conductas cometidas a título de dolo, dado que Roa conocía los topes máximos y los deberes legales de transparencia exigidos por el CNE.
Antecedentes judiciales
Este es el segundo proceso penal que enfrenta el alto funcionario, quien ya es investigado por presunto tráfico de influencias en un caso relacionado con la compra de un inmueble. La imputación actual se suma a un panorama judicial crítico para el presidente de la estatal petrolera.
